Colombia ocupa tercer lugar en líderes ambientales asesinados (+Video)

Hernán Bedoya fue uno de los 24 defensores del medioambiente asesinados en Colombia durante 2017, según los registros de la ONG Global Witness, que ubica a este país suramericano en el tercer lugar entre los países más violentos contra esos líderes, por detrás de Brasil y Filipinas.

Este informe presentado por el portal Semana, de Colombia advierte que esto es sólo  una parte de la violencia contra líderes de distintas causas sociales en Colombia que han costaron la vida  según las cifras de Naciones Unidas indican que, en 2017 a 121 activistas sociales mientras el Cinep ( Centro de Investigación y Educación Popular ) fija el mortal saldo en 138. «En todo caso, tras cruzar esos datos con los de Global Witness, se sabe que alrededor del 20% de los líderes asesinados defendían causas ambientales», señala el portal Semana.

Según explica la ONG en este periodo en  el mundo fueron asesinados al menos 207 líderes ambientales, relacionados con pugnas contra la minería y la destrucción del medio ambiente.

Entre estos sectores se encuentra «la agroindustria, en especial las plantaciones de productos como la palma de aceite o los frutales, y la ganadería, al ser actividades que consumen grandes extensiones de tierra, están detonando conflictos en los que, quienes apuestan por los intereses de las comunidades, terminan en la mira».

En Colombia, esos conflictos son culpables de  los desplazamientos y los asesinatos en zonas como el Urabá, los Llanos o el Catatumbo.

Entre los grupos indiciados  se encuentra el Clan del Golfo, el Eln (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia)  las cuales «entraron negocios como la minería criminal y  el narcotráfico».

«Estos factores han intensificado los conflictos por la tierra y la destrucción del medio ambiente. Las comunidades han sido forzadas al activismo, convirtiéndose en defensoras de esta lucha, en primera línea» señala  Global Witness.

Esta situación se favorecido por la impunidad que según la ONG Vance Center de los 122 asesinatos de ambientalistas que registraron en Colombia entre 2010 y 2016, y decretaron una tasa de impunidad del 92%.

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«En 102 casos se inició una investigación, pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena. Otros diez casos no fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar la labor investigativa (…) Crucialmente, 61 de los 102 casos se encontraban todavía en una etapa preliminar, lo que significa que los fiscales no habían reunido suficiente información siquiera para determinar la existencia de un delito. Esto evidenciaba que la investigación no podría pasar a la siguiente fase», afirma.

Frente a la arremetida violenta de los criminales y la ineficiencia de los organismos del Estado, la ONG europea le lanza varias recomendaciones al gobierno colombiano: garantizar las medidas de protección para los luchadores en riesgo, asegurar recursos para el trabajo independiente de los investigadores de los ataque a los activistas y, sobre todo, abordar las causas fundamentales de esta violencia. Es decir, «priorizar y garantizar la implementación, en todos los departamentos del país, de los procesos de restitución de tierras y cláusulas relacionadas al acuerdo de paz».

«Le recomendamos: Colombia podría pagar más de 200.000 millones de pesos por no proteger a líderes amenazados».

En el resto del mundo, el escenario no es mejor. De hecho, el 2017 fue el año en el que el registro de defensores ambientales asesinados alcanzó su pico. Hay casos críticos como el de Brasil, donde hubo 57 homicidios, el 90% relacionados con la defensa de la Amazonía en comunidades que se han enfrentado a la tala ilegal y otras formas de explotación que destruye ese bosque. La alerta es global y el país neogranadino es una de las naciones llamadas a la acción más urgente.