Carlos Ramírez integrante de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos, capítulo Venezuela, denunció que el Estado colombiano mantiene una política de criminalización y estigmatización contra los dirigentes de los movimientos sociales y aseguró que «¡pensar diferente no puede costarnos la vida!».

El dirigente social y político explicó a El Ciudadano que la aprehensión de Julián Gil en el día de ayer por sujetos uniformados y vestidos de civil «no es un caso aislado ni particular» estas acciones forman parte de la «arremetida y violencia sistemática del Estado colombiano contra los movimientos sociales y populares».

Insistió en que en los últimos meses, inclusive desde el año pasado en la nación neogranadina han habido detenciones masivas y que pueden evidenciarse en las regiones del sur de país colombiano.

«Las autoridades utilizan como primera fórmula el juicio mediático a través de los medios de información vinculados a las trasnacionales, donde se judicializa y estigmatiza de forma mediática a las personas detenidas», enfatizó.

Así mismo, indicó a El Ciudadano que los argumentos principales para el enjuiciamiento mediático que gira entorno «a la vinculación de Gil con terrorismo, narcotráfico o con grupos armados que se encuentran al margen de la ley».

A su juicio, los procesos judiciales plantean cargos «muy mal infundados» que no tienen la intención de llegar a una fase de justicia, sino de generar un desgaste material y emocional a las familias y a los compañeros de los movimientos sociales como «estrategia» para desmovilizar a las agrupaciones.

«En otra época el Gobierno de turno utilizó el asesinato selectivo de forma masiva, pero en este momento el Estado viene incrementando el nivel de judicialización de compañeros en un ejercicio de [no matar a la gente físicamente], sino de matar al movimiento políticamente y social mediante los medios de comunicación», sentenció

Hizo un llamado a todos los movimientos sociales de la región a seguir reafirmando la esperanza, el amor, la ternura y la unidad de nuestro pueblo como «una acción subversiva de que otro mundo es posible en la necesidad de otro Estado que permita la participación» y la reivindicación del slogan de la campaña que impulsan desde el año 20017: Ser líder social no es un delito.

Recordó que la situación de conflicto en el que vive Colombia obedece a una política de injerencia contra el continente. Además, refirió que las prácticas hostiles del gobierno neogranadino ha sido exportadas  a otras naciones de la región y pueden apreciarse en la persecución de los movimientos sociales en Brasil, Argentina y Centroamérica.

«Tenemos que visibilizar esa doctrina imperial que golpea a todos los movimientos del continente y de allí hacemos el llamado a que pensar diferente no puede costarnos la vida, no puede costarnos la vida ser un líder social», apuntó Ramírez.

Aprehensión de Julián Gil

Este miércoles autoridades neogranadinas arrestaron al secretario técnico del Congreso de los Pueblos, Julián Andrés Gil Reyes, en Bogotá, Colombia, tras varios días de persecución.

Aclaman los movimientos sociales que liberen a Julián Gil

Se tiene previsto que en la tarde de este jueves, las autoridades realicen la audiencia de formalización de cargos que fue pospuesta esta mañana.

Carlos Ramírez vocero político y social del Congreso de los Pueblos manifestó que estará informando a la opinión pública cómo avanza este caso y el de los otros dirigentes detenidos desde el 2017.

A su vez, agradeció la solidaridad expresada por las distintas organizaciones sociales  de todo el mundo.

Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó que van en este 2018 98 líderes sociales asesinados en Colombia.