Noviembre es el mes escogido por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para presentar el nuevo acuerdo de paz con las modificaciones sugeridas por los promotores del voto negativo en el plebiscito, aseguró el diario colombiano El Tiempo.
En días previos al inicio de este nuevo ciclo de negociaciones, el presidente Juan Manuel Santos indicó que el texto reajustado podría ser difundido antes de Navidad.
Las reuniones entre las FARC-EP y el Gobierno de Santos se mantienen en La Habana, Cuba, de manera permanente para analizar las más de 500 propuestas presentadas por los detractores de los acuerdos de paz, que fueron estructurados en 57 ejes temáticos.
Entre los cambios que plantean las fuerzas del ‘No’ están fijar un límite de tiempo al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y piden aclarar si los miembros del grupo insurgente tendrán libre movilidad en los corredores donde se concentrarán durante el proceso de desarme.
Al llegar un consenso sobre estos puntos, las partes involucradas en el conflicto armado social esperan que el nuevo acuerdo supere el apoyo que recibió en el plebiscito del pasado 2 de octubre que alcanzó apenas el 49,78%.
ONU verifica cese el fuego
La misión política de las Naciones Unidas comenzó este lunes la verificación del cese el fuego bilateral decretado por el gobierno colombiano y la guerrilla a partir del pasado mes de agosto tras los acuerdos de paz entre ambas partes.
El delegado de las FARC para ese mecanismo Marcos Calarcá informó que el trabajo se hará por varias etapas: “Es visitar los puntos de preagrupamiento temporal en donde está la guerrilla y los dispositivos en terreno de la fuerza pública dedicada a este tema del cese bilateral, desde las sedes regionales. Más adelante habrá sedes locales, la idea es hacer una pronta verificación», dijo.
También señaló que la idea es visitar dichos sitios en los cuales estarán temporalmente ubicados los miembros de las FARC-EP, hasta que entren en vigor los proyectados puntos y zonas de transición. Allí deberán abandonar las armas y prepararse para la reincorporación a la vida civil.
En los protocolos que se dieron a conocer hace unas semanas, hay unas reglas de juego para las partes.
Mientras las FARC-EP se comprometen a dar información exacta de su ubicación, sobre las rutas de desplazamiento, ubicar sus estructuras y no hacer presencia en las cabeceras municipales, el Gobierno no podrá ejecutar vuelos militares por debajo de los 5000 píes, no podrá ejecutar acciones ofensivas contras las FARC-EP, tendrá que facilitar el paso de los miembros de la guerrilla a los puntos de preagrupamiento y permitir el restablecimiento de las relaciones familiares.