Las denuncias de corrupción en el Ejército incluyen desde la conformación de un supuesto cartel para la venta de salvoconductos de armas que pudieron caer en manos de delincuentes, hasta los posibles malos manejos de millonarios recursos destinados al mantenimiento de vehículos y a la compra de combustible, entre otros.
El Ejército de Colombia atraviesa por una de sus más grandes crisis en medio de señalamientos de corrupción que involucran a generales muy cercanos a la alta comandancia de la institución.
Este martes se conoció que la Fiscalía a cargo del caso emitió nueve órdenes de captura contra militares y contratistas de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en el departamento de Antioquia.
El primer detenido fue teniente coronel (r) Harold Felipe Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada.
También fueron capturados los contratistas de esa Brigada: Samir Fernando García, Ana Lucía posada, Guerly Alexander carrera y Jaime Alberto Ramírez, informó W Radio.
La Fiscalía presentará los capturados ante un juez de control de garantía para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento.
El 9 de julio pasado el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, anunció sanciones por el escándalo de corrupción que investigan la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) en el Ejército.
Entre las primeras medidas decidió «llamar a calificar servicios» al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, bajo pesquisa por presuntos malos manejos de presupuesto
Las denuncias de corrupción incluyen desde la conformación de un supuesto cartel para la venta de salvoconductos de armas que pudieron caer en manos de delincuentes, hasta los posibles malos manejos de millonarios recursos destinados al mantenimiento de vehículos y a la compra de combustible, entre otros.
Las aparentes irregularidades por más de 1.000 millones de pesos (310.000 dólares) en dicha brigada, que tiene su sede de operaciones en Medellín, habrían sido cometidas entre el mes de diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017.
Según la revista Semana, a raíz de la denuncia se desató una cacería para conocer quiénes eran las fuentes de los periodistas, lo que incluyó pruebas de polígrafo, amenazas e incluso ofertas de dinero y permisos.
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