La premio nobel colombiana, Francia Márquez, fue víctima de un atentado en el Departamento del Cauca, Colombia, cuando participaba en una reunión en compañía de otros voceros sociales. El ataque ejecutado por varios hombres, armados con pistolas y granadas, no dejó víctimas fatales pero si dos heridos, quienes eran parte de la Unidad de Protección (UNP), asignados a su equipo de seguridad.
Esta situación no resulta extraña en Colombia, donde en el último año las amenazas a líderes sociales aumentaron un 47 % y los decesos sobrepasaron los 170 en 2018, según la Defensoría del Pueblo de ese país.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pide adoptar “medidas efectivas para superar la situación de amenaza y vulnerabilidad que vayan más allá de los esquemas de protección que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio”.
Piden apoyo gubernamental
El 26 de abril, Fernando Gaitán Peña, delegado de la Defensoría para la prevención de violaciones de derechos humanos y director de las alertas tempranas, envió una carta a Fabio Parra, subdirector para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, publicada por medios nacionales, entre ellos El Espectador, para manifestar su preocupación por la amenaza contra estos líderes.
El documento refiere la circulación de panfletos, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos intimidantes, recepción de coronas fúnebres y obituarios, y una modalidad que denominan “homicidios ejemplarizantes”.
En 2018 asesinaron a más de 170 líderes sociales en Colombia. Foto: Web
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, en un comunicado instó a las autoridades estatales a brindar todas las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social.
Negret pide al Gobierno el acompañamiento a las víctimas amenazadas y gestionar la atención de sus casos.
La Defensoría del Pueblo resalta el rol desempeñado por los agentes de protección de la UNP, quienes intervinieron para evitar que la vida e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos protegidos resultaran afectadas, a costa de su propia integridad física.
«Ante esta neurálgica situación que padece el norte del Cauca, se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio. Por lo anterior, es importante incluir medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario que impacten en la protección«, señala el comunicado.
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