Colombia: Sectores económicos y políticos buscan evitar redefinición de territorios indígenas (+Video)

Gobernadores de la región caribe y presidentes de gremios económicos y de infraestructura enviaron una carta al presidente de Colombia Juan Manuel Santos  para detener en decreto»Línea Negra»  que redefine el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según información de El Espectador se trata del proyecto de decreto que redifiniría los territorios ancestrales de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El propio mandatario señala que este decreto se ajusta al cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional según el cual se reconoce el derecho de acceso que tienen los indígenas de los cuatro pueblos de la Sierra a los predios donde están los sitios sagrados.

Además «el decreto garantiza el derecho a la privacidad cultural de los indígenas, genera la obligación para los propietarios de esos terrenos a conservar y proteger los mismos, genera certeza en la ubicación de los sitios sagrados y se formulan medidas para proteger los territorios de la “Línea negra”, todo eso es perfectamente normal», aseguró el mandatario.

Gobernadores afectados

Los Gobernadores Rosa Cotes del Magdalena, Francisco Ovalle del Cesar, Tania Buitrago de la Guajira, Eduardo Verano del Atlántico y Dumek Turbay de Bolívar manifestan su desacuerdo frente a la inminente expedición del proyecto decreto mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Entre las obsevaciones al decreto se encuentran  que “el proyecto no ha sido socializado con el rigor que lo amerita” pues debido a la importancia de los impactos y consecuencias que tendría en estos departamentos, merece un estudio más riguroso. Según los gobernadores, la redifnición de este territorio “afectaría planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, inversión privada y proyectos de impacto social en la región”.

Además, los gobernadores señalan la problemática que significaría la coexistencia de las autoridades jurídicas ordinarias de estos departamentos y las autoridades indígenas. “Nos someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ´ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales no conocemos ni su contenido ni mucho menos su alcance”

Gremios económicos y de infraestructura reclaman

Los representantes de estos departamentos no son los únicos que han manifestado su inconformidad frente a la inminente expedición del decreto. Los presidentes de varios gremios económicos y de infraestructura del país le solicitaron al presidente Santos que reconsiderara expedir ese decreto precisamente en su última semana de gobierno. Según la comunicación de dichos gremios, el proyecto no ha sido socializado de la manera en que debería además de tener varias afectaciones en esos departamentos.

“Tendría un efecto adverso económico y social, pues una decisión como la contenida en el proyecto de decreto derivaría en la consecuente congelación del suelo y en la afectación del núcleo esencial de la propiedad, pues el desarrollo de cualquier actividad productiva quedaría en el limbo”

señalaron en comunicación a Juan Manuel Santos, los presidentes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asofondos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Asociación Colombiana de Minería, (ACM), entre otros gremios económicos del país.

De acuerdo con Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, un decreto de esta categoría debe ser analizado bajo dos ópticas: la de los derechos de las comunidades y la del desarrollo. Para Montoya, en el proceso de expedición de este proyecto sólo se ha tenido en cuenta la primera, pero no las voces de los sectores petroleros, mineros, enérgeticos y de infraestructura del país quienes firmaron la comunicación. Además, manifiesta que no resulta acertado expedir un decreto de esta importancia en la última semana de gobierno.