En una plenaria express, el Senado de Colombia aprobó en la madrugada del viernes 3 de mayo el polémico Plan Nacional de Desarrollo (PND), hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años.
Prensa Latina destacó que el proyecto de ley del PND fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, sin apenas debatir el contenido del instrumento de ley y alegando que no alcanzaba el tiempo para una conciliación con la cámara baja la próxima semana.
Las bancadas opositoras presentaron una ponencia negativa en el Senado y pidieron archivar el proyecto de 349 artículos que componen esta iniciativa, sin embargo, el mismo fue aprobado sin estudio ni discusión.
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El polémico Plan Nacional de Desarrollo, impulsado por el presidente colombiano Iván Duque, incorpora nuevos artículos controvertidos que abren la puerta al fracking, a la contrarreforma agraria, al alza de las tarifas de la luz, a la vez que desmantelan las pensiones.
Pupitrazo
En su perfil de twitter, el senador de la Lista de los Decentes, Gustavo Bolívar, comentó hoy lo ocurrido: «El PND llegó al Senado a las 11 pm. Teníamos que leer y analizar 229 páginas en 20 minutos y eso, responsablemente, toma un mes».
Partidos como el Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Alianza Verde y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ya habían señalado su desacuerdo con avalar el Fracking (modalidad de explotación de hidrocarburos con presión de agua, cuestionada por sus daños ambientales que ocasiona).
También comentaron este viernes que lo aprobado en las últimas horas atenta contra las pensiones de los colombianos, constituye una contrarreforma agraria y desfinancia los programas de la implementación de la paz.
Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda dio a conocer que las bancadas alternativas presentarán una demanda de inconstitucionalidad del PND.
También el congresista del Polo, Jorge Robledo, manifestó que lo del PND es una farsa que no se pudo tramitar y que no se le podía cambiar ni una coma y por eso las bancadas opositoras se retiraron anoche de la sesión legislativa.
A juicio del abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe, desfinanciar la paz es inconstitucional y demuestra el interés del Gobierno de hacer trizas el Acuerdo pactado en La Habana.
Plan de la discordía
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, presentado por Duque al Congreso, contiene las bases del modelo neoliberal que regirá el destino de Colombia en los próximos cuatro años y que ha generado el rechazo de la sociedad que desembocó en el paro nacional.
Para muchos, el proyecto de Ley representa la continuidad de las políticas de la administración de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 y 2010.
El objetivo central del PND en materia de finanzas públicas es promover el recorte de las políticas de atención social ―incluyendo el área de la salud― e incrementar los ingresos del Estado a través de impuestos.
El Gobierno impulsará una nueva reforma tributaria para reducir la carga impositiva de las empresas bajo pretexto de incentivar la inversión, el empleo y la competitividad empresarial.
En contraparte, se introducirían nuevas medidas que afectarían el bolsillo de los colombianos, como el recorte de los subsidios para la energía, el cambio en la base de cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes, que en muchos casos tendrán que cotizar la seguridad social con recursos propios. Así como la modificación de las tarifas del impuesto al consumo de los licores.
El plan incluye un concepto flexible de formalidad laboral que permitirá concebir salarios mínimos diferenciados de acuerdo con la conveniencia de los empleadores de las diferentes regiones del país. Asimismo, contempla una agenda de privatizaciones del erario público y un esquema económico basado en la promoción de la inversión extranjera y el modelo extractivista, con énfasis en la minería y los hidrocarburos, incluyendo la explotación de yacimientos convencionales y no convencionales a través del fracking.
En contraparte, las inversiones para la paz en el PND son minúsculas y ascienden a 37.000 millones de pesos (1,2 millones de dólares), apenas el 3,38 % del monto total del plan.
Poderes para Duque
Sin embargo, las mayores críticas al PND tienen que ver con el artículo 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado, y que en la actualidad le corresponden al Poder Legislativo.
Por tal motivo, Duque estaría facultado para cambiar la estructura de la administración pública, y se le permitiría no sólo hacer cambios presupuestales sino, además, crear, fusionar o suprimir cargos al interior del Estado.
«El Gobierno quiere que se le dé facultades al presidente de la República para crear nuevas entidades, para reasignar el presupuesto, para reasignar las funciones, suplantando al Congreso de la República«, advirtió el senador por el Partido de la U Armando Benedetti.
Para la diputada y representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez, este artículo dejaría la puerta abierta para que el Congreso le entregue un cheque en blanco a Duque para reformar la administración central y sus entidades descentralizadas
“El proyecto de Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional debe especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar”, manifestó.
El representante de la Cámara y dirigente del movimiento Decentes, David Racero, señaló que «en el artículo 181 se establecen facultades extraordinarias para que el presidente Duque cree empleos y organismos«, lo que se contradice con la política de reducción del Estado que defiende el mandatario.
Para los periodistas Jonh Freddy Gómez y Camila Galindo, las facultades extraordinarias le permitirían a Duque ratificar el autoritarismo de su gobierno con el fin de manipular indiscriminadamente los diferentes procesos económicos y sociales en el país.
Para los periodistas, la combinación de las medidas autoritarias y de austeridad, que denominan “austeritarismo”, no son otra cosa que un vehículo para impulsar la liberalización y apertura económica; así como la segregación, aniquilación y criminalización a la oposición social y política en Colombia.
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