En una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Contraloría General de Colombia encontró sígnos de corrupción, pues en 2017 se realizaron unos pagos millonarios a 100 personas que se aprovecharon de fallas para apropiarse del dinero, así como también se cancelaron 95 indemnizaciones a personas muertas por 1.500 millones de pesos (521 mil dólares) a través de giros bancarios.
La administración de proyectos productivos también dio un saldo rojo, con pérdidas de miles de millones de pesos, en el caso de la indemnización a víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues se entregaron bienes que no eran de ellos y que no servían para la repararación.
Con razón, las propias víctimas ven que los recursos son muy escasos en las regiones o a veces ni llegan, pues el Gobierno parece haberse desentendido de los territorios que se debían reparar.
Con esta denuncia, la Contraloría General ha prendido las alarmas, pues también se han encontrado casos de falsas víctimas, pagos a personas fallecidas e inmuebles que están bajo custodia, que en su mayoría se encontraban sin supervisión.
Para Gabriel Bustamante, consultor en derechos humanos, la Ley de Víctimas para atender a los millones de afectados por el conflicto permitiría solucionar totalmente problemas como el déficit de vivienda digna, la asistencia psicosocial y el pago de las indemnizaciones administrativas.
Pero más allá de la ausencia de recursos para desarrollar esa Ley 1448 de 2011, que en gran parte es culpa de quienes se han dedicado sin ninguna consideración a desfalcar al Estado, también es clave entender que la corrupción en general impacta de forma particularmente trágica la vida de las víctimas.
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