«Los defensores de las víctimas del conflicto colombiano vienen siendo amenazados por reclamar los derechos que fueron avalados en el Acuerdo de Paz» firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos, así lo denunció Álvaro Altamiranda, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, al portal Hispantv.
«Los líderes sociales y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación crítica en Colombia, debido a que los actos de violencia contra este colectivo se están volviendo algo sistemático», explicó.
Altamiranda denunció que son intimidados por personas desconocidas que no están de acuerdo con la labor árdua que vienen haciendo para resarcir a las víctimas, por eso amenazan con renunciar a la Mesa.
«Las amenazas a los miembros de la Mesa Nacional de Víctimas ahora son más directas y, peor aún, les están amenazando a sus familiares más cercanos. Ellos creen que pueden provenir de la extrema derecha y los terratenientes, quienes no dejan avanzar en el proceso de reparación y verdad con el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nio tampoco la recuperación de las tierras que perdieron en medio del conflicto», detalló.
Los defensores denuncian que a Unidad Nacional de Protección, en vez de aumentar la seguridad por las amenazas, viene desmontando la seguridad a algunos líderes de las víctimas del conflicto.
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Esfuerzo perdido
El proceso de paz firmado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC es visto como la fórmula para acabar con la violencia que durante años ha causado la muerte de cientos de miles personas y el desplazamiento de millones de colombianos. Sin embargo, numerosas personas siguen muriendo asesinadas en el postconflicto a manos de paramilitares, polícias y efectivos del Ejército.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentan cada vez más, pero la investigación sobre las causas y los culpables no avanzan al mismo ritmo. Muchos indicadores de violencia han descendido en el país, pero lo cierto es que muchos de los lugares que las FARC han abandonado están ahora ocupados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla inmersa en un proceso de diálogo con el gobierno, y algunas organizaciones criminales.