Los líderes indígenas Siona o guardianes del Yagé, en Colombia, denuncian ocupaciones ilegales en sus hogares, enfrentamientos y limitaciones en el libre desplazamiento de personas.
A comienzos de 2017, diferentes grupos armados, identificados como Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras y disidencias de las Farc, comenzaron a amedrantar a la población a través de panfletos.
Según la comunidad, en los panfletos anunciaron una limpieza social que se está haciendo realidad: cuatro indígenas y tres mestizos han sido asesinados durante el último año.
“Son muchos grupos armados: un grupo que se hace llamar FARC, que aparentemente es una disidencia del Frente 48; otro grupo que se hace llamar la Mafia, que reúne exmiembros de varios grupos ligados a actividades de tráfico; civiles armados no identificados asociados a narcotráfico; la Brigada de Selva 27 del Ejército, que protege a la empresa de explotación petrolera y un grupo llamado Comuneros, el cual también haría presencia en Ecuador”, explicó Jomary Ortegón, del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Por otro lado, para la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), también ponente de la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que, la desmovilización de las FARC y su concentración en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) en Puerto Asís abrió la puerta a un fenómeno diferente: la presencia de otros grupos armados que se disputan el control de negocios como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.
Enemigos del yagé
“Ejemplo de ello es la banda criminal ‘La Constru’, presente desde hace más de tres años en el territorio como productora de cocaína pero, también, como sujeto agente de otras actividades delictivas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones, etc., sobre todo, en el casco urbano de Puerto Asís”, describió la organización en el informe que le dirigió a la CIDH.
Algunos voceros de los resguardos contaron que buscar las “medicinas para purificar el territorio” se ha convertido en toda una odisea, pues en el trayecto pueden pisar una mina o simplemente tienen ciertos espacios vedados por los grupos armados.
“La relación especial e intrínseca que los pueblos indígenas tienen con su territorio es la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia y la manera en la cual la alegada falta de acceso libre a diversas zonas del territorio de un pueblo indígena puede exponerlos a condiciones de vida precarias o a mayor vulnerabilidad”, asegura la CIDH en su informe.
La CIDH también señala que el Estado debe garantizar que la comunidad pueda desplazarse de manera segura por el territorio para realizar sus actividades culturales y de subsistencia.
Otras actividades como la cacería, pesca, recolección y gobernanza, vinculadas a la realización de ceremonias de toma de yagé y yoco, también se han visto tremendamente afectadas.
Los indígenas del pueblo Siona sufren intensos enfrentamientos, son víctimas de reclutamiento forzado y amenazas. Organizaciones aseguran que disidencias de las Farc, grupos paramilitares ligados al narcotráfico y petroleras estarían detrás de este problema.
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