El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, denunció este jueves la existencia de una red de compra de votos en todo el país que favoreció a «ciertos candidatos» de partidos de derecha en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. Martínez tenía los documentos probatorios antes de que se efectuara la segunda vuelta electoral, pero prefirió guardárselos hasta hoy.
«A lo largo del país encontramos distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a electores reclutados indignamente, particularmente en poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad, e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta», Néstor Humberto Martínez.
Las maniobras se urdieron para favorecer a candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de los partidos derechistas Cambio Radical, Conservador y Centro Democrático, casualmente los que apoyaron en la segunda vuelta al recién presidente electo, Iván Duque.
Una red de trampas electorales
Martínez señaló que las artimañas electorales son «una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” que afecta a la democracia colombiana. “Se han encontrado más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso”, precisó el funcionario, quien subrayó que en Colombia existen “complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático”.
La Fiscalía llevó adelante en la ciudad de Barranquilla (Atlántico, norte) la Operación Casa Blanca, que destapó la compra de votos de la campaña de la senadora electa, y ya detenida, Aida Merlano, del Partido Conservador .
El Fiscal General dijo que en esa ciudad hay más campañas electorales implicadas con la red de corrupción, entre ellas la de la candidata a representante del partido oficialista Cambio Radical, Lilibeth Llinás, a quien, adelantó, el 30 de julio se le imputarán cargos. Llinás no resultó electa, a pesar del fraude.
En el entramado de compra de votos en la región de la Costa Atlántica (norte), la Fiscalía también vinculó al diputado Fabián Castillo, de Cambio Radical, electo senador en los comicios del pasado 11 de marzo. Otro implicado es el alcalde del municipio de Ciénaga (Magdalena), Edgardo Suárez, quien será judicializado por tráfico de influencias, tras intermediar por un hombre detenido el día de los comicios con siete millones de pesos (unos 2.376 dólares) para comprar votos.
Las investigaciones también comprometen en la compra de votos a los hermanos Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, poderosos empresarios del Atlántico y hermanos de Jorge Gerlein, quien se acaba de retirar del Congreso tras ser senador por más de 40 años.
Otra red se descubrió en la ciudad de Medellín (capital de Antioquia, noroeste) a favor de la candidata a diputada por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien ofreció viajes a la isla caribeña de San Andrés, televisores, tabletas y sobornos por 350.000 pesos (unos 118 dólares) para quien votara por ella. La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, está también vinculada al escándalo, según el fiscal.
Fraude en favor de Duque y Uribe
El Centro Democrático es el partido del expresidente Álvaro Uribe y del presidente electo Iván Duque. En el municipio de Caucasia (Antioquia), la Fiscalía halló evidencias de fraudes a favor de contratos con el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje, y en el departamento del Cauca (suroeste) encontró 250 votos marcados por la misma persona.
Otro de los hechos se registró en el municipio de Soledad (Atlántico), donde los jurados de votación fueron inscritos y seleccionados por una persona natural que tenía vínculos con funcionarios de la estatal Registraduría Nacional (organismo encargado de organizar las elecciones en el país).
Martínez afirmó que las investigaciones proseguirán y los resultados de las capturas serán reportados en los próximos días.
El Fiscal General había anunciado el 31 de mayo que, después de la segunda vuelta, revelaría un fraude electoral “nauseabundo”. Sin embargo, fue criticado por no hacer público de inmediato el fraude, considerando que los ciudadanos se iban a enfrentar a la última instancia electoral sin saber qué dirigentes y cuáles partidos estaban implicados. El Congreso colombiano electo en marzo comenzará a sesionar el 20 de julio en una legislatura 2018-2022.
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