Los indígenas colombianos que iniciaron una protesta el 11 de marzo suspendieron el diálogo que mantienen con el Gobierno para levantar sus manifestaciones al considerar que carecen de garantías de «no estigmatización» o judicialización.
«Ante las últimas declaraciones de Iván Duque y el ministro de defensa, quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio», publicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a través de su cuenta de Twitter.
La ONIC afirma que suspendió las conversaciones con el Gobierno del presidente Iván Duque porque considera que tampoco hay garantías de que no haya «señalamientos o judicialización».
Los movilizados exigen que se cumplan más de 1.200 acuerdos pactados con el Estado en los últimos 30 años, en materia de salud, tierras, infraestructura, gobernabilidad, educación, garantías de seguridad, autonomía y sustitución de cultivos ilícitos
Según el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, el Estado colombiano tiene una deuda ancestral con las comunidades indígenas.
Por cientos de años, los indígenas han sido sometidos al genocidio y solo por su capacidad de lucha y resistencia conquistaron autonomía como pueblos y tierras, señaló Cepeda.
Esta semana, medio centenar de congresistas, académicos y líderes de diferentes partidos políticos pidieron insistentemente al presidente Iván Duque que se reúna con los líderes de la minga.
Hasta el momento se estiman en al menos 25.000 los indígenas y campesinos movilizados en diferentes departamentos de Colombia.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció que, desde finales de 2016, la violencia en la nación neogranadina desplazó a 5.730 indígenas mientras que 8.245 sufren de confinamientos.
Asimismo, la cifra de torturados ascendió a 10 y 25 quienes fueron reclutados por grupos armados.
También denunciaron la falta de atención en el sector salud, en infraestructura vial y educativa, así como en los servicios públicos en las zonas rurales, sobre todo el referido a la energía eléctrica.
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