La violencia contra las poblaciones indígenas en Colombia y la falta de recursos económicos ocasionan que a las ciudades de ese país lleguen miembros de los pueblos originarios con la intención de establecerse.
Según la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, del departamento de Antoquia, en la ciudad de Medellín deambulan unos 3000 indígenas, que trabajan, estudian y mendigan en sus calles.
Mujeres con los pechos al aire, chamanes, curadores, junto a otros semivestidos, en harapos o utilizando ropa barata se mezclan con habitantes de esta ciudad, unos pocos se adaptan al entorno mientras otros viven aislados de la modernidad.
Ante las pocas oportunidades que le brinda la sociedad, algunos se ven obligados a acceder a trabajos mal pagados o incluso ha convertirse en delincuentes. Otros venden artesanías para conseguir la comida necesaria para cada día. La prostitución, mendicidad, indigencia y el crimen es la cara más terrible de este drama social .
Antoquia, lugar hostil
Según cifras oficiales, las 212 tribus de Antoquia presentan el 92% de necesidades básicas insatisfechas. Aún así, su desplazamiento tiene que ver con haber perdido los predios en los que han habitado desde tiempos ancestrales.
En un reportaje publicado por el diario El Colombiano, la creación de resguardos, luego de un proceso que tomó dos años, permitió a 350 indígenas de las etnias Embera Katío y Senú recibir los respectivos acuerdos que los acreditan como poseedores de 197 hectáreas de tierra, en tres nuevos resguardos ubicados en los municipios de Cáceres, El Bagre y San Juan de Urabá.
En este proceso, la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras y la ONG The Amazon Conservation Team adquirieron estos terrenos para otorgárselos con el título de propiedad colectiva, de manera que puedan gestionar recursos para proyectos productivos y recibir ingresos del Sistema General de Participaciones.
Llanedt Martínez Ruíz, gerente Indígena de Antioquia, afirmó que en la consolidación de resguardos existen numerosos inconvenientes con la titulación de los predios, muchos de ellos baldíos. A la lista de problemas se suman las deudas en impuestos, el difícil acceso a los territorios que habitan las comunidades y los obstáculos para establecer una relación interinstitucional.
Para Richard Sierra, consejero de la Organización Indígena de Antioquia -OIA-,el derecho de la población indígena a poseer territorios conservados y constituidos es el que garantiza su conservación cultural, pero en Antioquia hay un evidente déficit territorial.
“Existen 49 resguardos, pero tenemos 212 comunidades indígenas. Si bien hay territorios muy amplios, hay comunidades que cuentan con escasamente 30 hectáreas para un número de 50 familias”, dijo.
Sierra indica, además, que el tema de los resguardos está ligado con la productividad en estos territorios y que se trata de una necesidad que debe atenderse con prioridad.
Esta falta de producción, de acuerdo con el consejero, genera afectación en la salud de las familias, cuadros significativos de desnutrición infantil y se suma a otras necesidades históricas de las comunidades indígenas, como la desatención del Estado y la ausencia de un sistema de educación propio que respete su visión del mundo.
“En los últimos meses se han generado asesinatos a líderes indígenas y desplazamiento forzado, por lo que las medidas de autoprotección y el acompañamiento deben fortalecerse. No hay sistematicidad en la atención, pero sí la hay en el conflicto armado, que hace presencia permanente en los territorios indígenas”, concluyó.
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