Más de 36 millones de colombianos se darán cita en lo comicios regionales del venidero 27 de octubre para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales
El titular de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, Fernando Carrillo, solicitó ante el despacho de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, (CNGS), la consolidación de estrategias para la protección de líderes sociales, en miras a las elecciones regionales próximas a celebrarse el 27 de octubre de este año.
Asimismo, se requirió crear un listado oficial de cuántos aspirantes a cargos políticos cumplen con la condición de líderes sociales, para oficializar en lo sucesivo un plan de resguardo y protección de los candidatos a cargos públicos en suelo colombiano.
“Poner en funcionamiento la Ruta Especial de Protección para Candidatos y el Comité Especial de Implementación de Medidas de Protección Electoral, contemplados en el Plan Ágora, las cuales deberán tener un capítulo especial dirigido a líderes y candidatos, con la identificación de recursos, estrategias y acciones específicas, y con la participación de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos”, apuntó Carrillo.
El procurador general exhortó de manera imperante a diversos organismos gubernamentales a que se aboguen a planear acciones para brindar garantías a los defensores de derechos humanos y líderes sociales colombianos.
En este sentido, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, se decantaron por la necesidad de proteger a los líderes sociales que hacen vida en Colombia, en empatía con la solicitud que le extendiera el procurador colombiano, Fernando Carrillo.
Dentro de los objetivos primordiales de esta solicitud, la Defensoría del Pueblo junto a otras autoridades municipales destacó la urgencia de «definir una ruta de protección para líderes sociales que aspiran a cargos de elección popular«.
Por otra parte, la Procuraduría demandó priorizar a aquellos candidatos que hayan cumplido labores con las autoridades y cuerpos de seguridad que representen un riesgo para su integridad, así como también incluir en este estatus a los que conformen los llamados programas de seguridad de la UNP.
El comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, sugiere en primera medida «definir e implementar de manera inmediata un sistema temporal de comunicación y diálogo con los candidatos, así como una línea de atención especializada para denuncias y reportes específicamente relacionados con el proselitismo electoral y las posibles afectaciones frente al ejercicio del liderazgo social».
Colombia es unos de los países de América Latina que posee los mayores índices de asesinatos y secuestros a líderes sociales, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia detalló que más de 1.350 líderes sociales, ambientalistas y luchadores por la paz han recibido amenazas de muerte en 2019.
Con información de Telesur
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