A pesar del acuerdo de paz firmado con las FARC, la mayor guerrilla que existía en el país, Colombia sigue empantanada en un espiral de violencia. No obstante, para el gobierno de Colombia pareciera que casi nada estuviera pasando. Este miércoles fueron asesinados tres miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y al Ejecutivo lo primero que se le ocurrió hace fue ofrecer recompensas a quien diera pistas de los criminales.
¿Se trata de una política coherente para un país cuyas fuerzas militares y policiales han participado durante cinco décadas en una guerra interna? Si bien las políticas de recompensas la aplican diferentes gobiernos y cuerpos de seguridad en el mundo, lo de Colombia es tropezar dos veces con la misma piedra.
El recuerdo del crimen contra periodistas de El Comercio
Resulta que los involucrados en el crimen de los tres funcionarios de la CTI son, al parecer, el mismo grupo que secuestro y asesinó hace unos meses al equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En ambos casos se ofrecieron recompensas.
En esa oportunidad, el gobierno de Santos ofreció, a mediados de abril, 400 millones de pesos para quien suministrara información sobre los captores. El resultado: nada se logró y a los pocos días se conoció la terrible noticia del asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos.
Ahora, para el caso del crimen de los tres funcionarios de la Fiscalía, se repite la historia pero con un monto menor. Las autoridades ofrecieron una recompensa de cien millones de pesos (alrededor de 34.698 dólares) para quienes den información que conduzca a la captura de los asesinos.
«Hemos dispuesto, junto con la policía, una recompensa de cien millones de pesos para que los ciudadanos de bien nos permitan identificar quiénes fueron los autores material de estos tres asesinatos», dijo el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, en declaraciones a la prensa en el municipio de Tumaco (Nariño, suroeste), informó su despacho.
Entre abril y mayo Colombia y Ecuador se conmocionaron por el asesinato del equipo periodístico de El Comercio. El crimen permanece impunes
Los hombres del Oliver Sinisterra
Los sospechosos de cometer los crímenes son un grupo que se separó de las FARC y que se autoidentifica como Frente Oliver Sinisterra. En el caso de los ecuatorianos, el gobierno de Santos no tuvo capacidad para realizar detenciones ni aprehender sospechosos. Algo sorprendente para unos cuerpos de seguridad acostumbrados a la inteligencia y el seguimiento de grupos irregulares.
El asesinato de los agentes de la CTI ocurrió en el perímetro de la región donde también ocurrió el secuestro de los ecuatorianos. En una carretera que comunica a la ciudad de Tumaco (suroccidente) con la ciudad de Pasto (capital del departamento de Nariño). Hasta allí se han desarrollado operaciones conjuntas entre la Fiscalía, el Ejército y la policía, que han desplazado a la zona 250 hombres para dar con los responsables.
Los tres funcionarios de la CTI que fueron asesinados cerca de la frontera con Ecuador
Allanamientos
Como resultado de «acciones urgentes», dijo el Fiscal General, se han practicado 21 allanamientos que han permitido la captura de «trece personas presuntamente vinculadas a la estructura ‘Oliver Sinisterra'», que es comandada por Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’.
Martínez también precisó que durante los allanamientos se han incautado «diez armas de fuego, dos fusiles, cinco pistolas y tres revólveres (…) cinco granadas y ocho barras de pentonita», así como también de «tres mil cartuchos para fusil».
Capturados
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que la operación hecha por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General ha dejado “bastante información de inteligencia sobre las bandas que operan en esta región de país”.
Consideró el jefe de la cartera de Defensa que no hay una Fuerza Pública eficaz y capaz de reaccionar como lo hicieron las autoridades colombianas a los ataques registrados en la tarde de este miércoles en Nariño. Y no, el Ministro no fue sarcástico.
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