La plenaria del Senado le dio el sí al proyecto que contempla la cadena perpetua para violadores de menores de edad. La votación fue unánime, aunque vale aclarar que más de 30 senadores se ausentaron de la sesión ante la controversia por la resolución de la recusación que presentó un ciudadano a los miembros de la Comisión Primera del Senado.
Con los resultados de la votación de este jueves, se modifica la Constitución para que se habilite la pena de la cadena perpetua en contra de los violadores de menores. De esta forma, el texto constitucional quedará de la siguiente manera en el extracto del artículo 34 que fue modificado: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”.
El articulado del proyecto aprobado este jueves también contempla que toda pena de prisión perpetua será revisada automáticamente por el superior jerárquico de la instancia que emita la condena y, asimismo, podrá ser revisada a los 25 años de ser emitida. Además, la iniciativa señala que el gobierno tendrá un año para radicar un proyecto en el que se reglamente la prisión perpetua y sea incluida en el ordenamiento penal colombiano.
Aunque se temía que el trámite de este proyecto iba a ser complejo en su último debate, su resolución fue expedita al final de la tarde de este jueves. El proyecto encabezaba el orden del día de este 18 de junio, pero hubo una demora de varias horas ante el cuestionamiento de varios senadores sobre cómo se resolvió la recusación de un ciudadano a los 22 senadores de la Comisión Primera de Senado en medio de las discusiones de este proyecto hace una semana.
El pasado lunes, 8 de junio, a la Comisión Primera llegó una recusación en contra de todos sus miembros. Para Esteban Salazar Giraldo, accionante e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, los congresistas no podían darle trámite a la iniciativa, ya que tenían un interés directo en materia electoral con el debate y un conflicto de intereses moral para reformar la Constitución a través de la virtualidad.
El recurso fue resuelto ese mismo lunes por el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez López. Una acción que no fue compartida por varios de los recusados, que prefirieron no participar de las votaciones en esa ocasión debido a que consideraban que la recusación tenía que ser estudiada por la Comisión de Ética en pleno. Esta misma duda se invocó en la plenaria de este jueves y puso en duda el trámite del proyecto.
Varios de los recusados, entre los que estaban los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro, indicaron que toda la Comisión Primera seguía recusada pues el recurso no había sido solucionado de forma correcta. De esta forma, pidieron que la recusación fuera estudiada por la Comisión de Ética en su totalidad para establecer si tenía mérito o no. Esta solicitud abrió una gran controversia, pues ponía en peligro el trámite del proyecto.
Después de una larga discusión, que incluyó un receso de más de media hora, el presidente del Senado, Lidio García, determinó que sería la plenaria la que decidiría si la recusación iba a estudio o no. Al final, ganó la postura de que la recusación interpuesta no tenía validez en su justificación y ni siquiera tendría que ser estudiada para descartarla. Con esta determinación, varios de los senadores recusados y varios miembros de la oposición decidieron salirse de la sesión: los primeros, ante el temor de una demanda por pérdida de investidura y los segundos, bajo el argumento de que se estaba violando el principio de legalidad.
La salida de los más de 30 senadores le abrió la puerta al trámite exprés del proyecto. Los 77 congresistas que quedaron en la sesión -más que suficientes para cumplir con el quórum decisorio- aprobaron de forma unánime la ponencia y el articulado.
Con información de El Espectador
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