Compra de Telefónica en Argentina por Grupo Clarín, es denunciada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

La millonaria compra del gigante  Telefónica en Argentina por parte del grupo Clarín, mediante Telecom, ha sido denunciada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

El Gobierno Nacional y el mercado de las telecomunicaciones se despertaron el lunes 24 de febrero pasado con una perturbadora noticia, tanto por el tratamiento altamente reservado en que se llevó a cabo, como por la forma y por los detalles en que se concretó la operación.

La negociación realizada en España contó con unos pocos oferentes para la adquisición de la totalidad del paquete accionario que TLH HOLDCO tenía en TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (“TELEFÓNICA”).

Lo llamativo fue que el ganador de esta puja, y no precisamente por ser la oferta más alta, fue TELECOM ARGENTINA S.A., que la compró por la suma de U.S.$1.244.864.267,46 y la pagó en ese mismo momento, sin esperar la necesaria y legal aprobación de los organismos competentes (CNDC y ENACOM) por tratarse de una operación que genera  alta concentración económica en el mercado de los Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC).

Es evidente que la sorpresiva noticia golpeó duramente en el gobierno nacional viéndose reflejada en las declaraciones del propio titular del Poder Ejecutivo quien, a través de redes sociales publicó: «Quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país».

Ante este sombrío panorama la empresa TELECENTRO S.A. presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra TELECOM ARGENTINA S.A. por flagrante violación a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

Esta compraventa importa una concreta concentración económica por cuanto, en algunos Servicios de TIC, TELECOM ostentará el monopolio del negocio, hecho que sería ilegal por cuanto afectará el interés económico general,  que es el objetivo que pretende salvaguardar la ley específica, la Constitución Nacional y la Ley Argentina Digital 27078.

La denuncia presentada ahonda en detalle en la afectación de la competencia en los distintos Servicios de TIC a nivel nacional y le hace saber a la CNDC que esta concentración económica se encuentra expresamente prohibida por los artículos 1 y 9 de la ley 27.442, y que en el cumplimiento de sus funciones específicas debe investigar profundamente todos los detalles de la mentada operación de compraventa, tanto en los aspectos económicos, los financieros y los técnicos, evaluando objetivamente si la empresa TELECOM concentra un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia y generar un perjuicio para el interés económico general.

La Ley de Defensa de la Competencia dispone, en su artículo 1 que “…están prohibidos […], las concentraciones económicas […] que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.”

Luego, el artículo 8 de esta norma dispone la prohibición de las “concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.”

Como la Ley de Defensa de la Competencia contiene una norma prohibitiva de este tipo de concentraciones económicas cuando su objeto o efecto fuera limitar la competencia en la República Argentina, razón por la cual la concentración denunciada no resulta ser un acto sujeto a la aprobación de la CNDC sino que es en sí mismo un acto prohibido por la propia ley citada, atento a sus efectos.

La denuncia explica que, sumadas las cuotas de mercado que Telecom y Telefónica tienen en cada una de las cuatro verticales de los negocios de los Servicios de TIC, TELECOM y sus subsidiarias concentrarían nada menos que el 79% del mercado de telefonía fija, 61% del mercado de telefonía móvil, 48% del mercado de internet por banda ancha y 42% del mercado de televisión por suscripción por vínculo físico (televisión por cable), en todos los casos medidos por cantidad de clientes.

Estos porcentajes de participación del mercado acumulan las siguientes cantidades de accesos:

• 36,6 millones de líneas de telefonía celular que representa un total de 60,6% (Telecom: 21 millones de líneas móvil = al 33,6% del mercado; más Telefónica: 16,6 millones de líneas de telefonía móvil = al 27% del mercado);
•  5,2 millones de accesos a internet domiciliario = al 48% el mercado (Telecom: 3,9 millones de clientes de internet al hogar = al 36% del mercado, más Telefónica: 1,3 millones de clientes de banda ancha fija al hogar = al 12% del mercado).

5,5 millones de líneas de telefonía fija = al 80% del mercado (Telecom: 2,9 millones de líneas de telefonía fija = al 42% del mercado, más Telefónica: 2,6 millones de clientes en telefonía fija = al 38% del mercado);

Además a estos porcentajes y números debe sumarse la acumulación en el Servicio de Radiodifusión por Suscripción que explotan tanto Telecom como Telefónica y los clientes de telefonía celular de la segunda marca de Movistar que opera bajo el nombre TUENTI.

La denuncia recuerda que por la Resolución 171/2017 del ex Ministerio de Comunicaciones, se estableció un límite máximo de acumulación de espectro radioeléctrico para los Servicios de Comunicaciones Móviles en 140 MHz por cada prestador y el grupo económico que ellos integren, para cada área de explotación.

Hoy TELECOM pasa a sumar el espectro asignado a MOVISTAR y por ende acumula una cantidad de espectro que prácticamente duplica el máximo permitido y una participación en el mercado de la telefonía móvil del 61%.

De aprobarse esta concentración, las implicancias y los efectos sobre la competencia en el mercado de los Servicios de TIC en la República Argentina serían catastróficos.

Es evidente que la decisión tomada por el Grupo Clarín de llevar a cabo una compra de tamaña envergadura, sin la previa autorización de la autoridad regulatoria, se basa en la confianza de hacer valer su extraordinario poder para doblegar las voluntades políticas y jurídicas.

Pero este asunto recién comienza y el resultado del conflicto dirá si una vez más el Grupo Clarín somete al gobierno de turno e impone su poder mediático o si esta vez alguien le obliga a cumplir la ley como cualquier hijo de vecino.

El Grupo Clarín en Argentina: Influencia Política y la Polémica Compra de Telefónica

El Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grande de Argentina, ha sido durante décadas un actor central en la escena política, económica y social del país. Su influencia en la formación de opinión pública, su relación con los distintos gobiernos y su expansión en sectores estratégicos como las telecomunicaciones lo han convertido en un tema de debate recurrente. Recientemente, su adquisición de Telefónica Argentina ha encendido las alarmas sobre un posible escenario monopólico en el mercado de las telecomunicaciones.

Influencia Política del Grupo Clarín

El Grupo Clarín ha sido históricamente un jugador clave en la política argentina. Su capacidad para moldear la agenda pública y su influencia en la opinión de millones de ciudadanos lo han convertido en un aliado (o enemigo) estratégico para los gobiernos de turno. Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y los primeros años de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Clarín mantuvo una relación tensa con el oficialismo, especialmente a partir de la sanción de la Ley de Medios en 2009, que buscaba limitar la concentración de medios y fomentar la pluralidad de voces.

Sin embargo, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, el Grupo Clarín experimentó un acercamiento al poder. Durante su gobierno, se flexibilizaron las regulaciones sobre medios y telecomunicaciones, lo que permitió al grupo expandir su influencia en el sector. Esta relación cercana con el poder político ha sido criticada por sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que acusan a Clarín de favorecer intereses partidarios y económicos en detrimento de la diversidad informativa.

La Compra de Telefónica Argentina: ¿Hacia un Monopolio?

En 2023, el Grupo Clarín anunció la compra de Telefónica Argentina, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, a través de su filial Cablevisión. Esta operación, valorada en miles de millones de dólares, ha generado un intenso debate sobre la concentración de poder en el sector de las telecomunicaciones.

Con esta adquisición, Clarín no solo refuerza su posición dominante en el mercado de la televisión por cable y los servicios de internet, sino que también se convierte en un actor clave en el sector móvil, donde Telefónica (operando bajo la marca Movistar) es uno de los principales competidores. Esto ha llevado a que muchos analistas y reguladores adviertan sobre un posible escenario monopólico, donde un solo grupo controle una porción significativa del mercado de las telecomunicaciones.

Preocupaciones sobre la Concentración de Poder

La compra de Telefónica por parte de Clarín ha reavivado las preocupaciones sobre la concentración de medios y servicios en Argentina. Organizaciones de defensa de los consumidores y expertos en competencia han señalado que esta operación podría limitar la competencia, reducir la calidad de los servicios y aumentar los precios para los usuarios. Además, existe el temor de que el Grupo Clarín utilice su posición dominante para influir aún más en la política y la sociedad, controlando no solo la información, sino también las infraestructuras clave de comunicación.

Reacciones y Desafíos Futuros

La operación ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores celebran la inversión y la modernización que podría traer esta fusión, otros exigen una mayor regulación y supervisión por parte del Estado para evitar abusos de posición dominante. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tienen la responsabilidad de evaluar el impacto de esta operación y garantizar que no se afecte el interés público.