Condenan a 7 pandilleros salvadoreños a 390 años por masacre de 11 trabajadores

Foto: Rodrigo Sura/EFE

Un tribunal de El Salvador condenó hoy a 7 pandilleros a 390 años de prisión, cada uno de ellos, por la masacre de 11 trabajadores en marzo de 2016, crimen que conmocionó al país y desencadenó una ofensiva gubernamental contra las pandillas.

El Juzgado Especializado de Sentencia A de la capital impuso una pena de 35 años de prisión a los acusados, miembros de la pandilla Barrio 18, por cada uno de los homicidios agravados, más otros 5 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas.

No obstante, los condenados solo purgarán un máximo de 60 años de cárcel por disposición de la legislación salvadoreña, porque periodos superiores se pueden considerar «casi una cadena perpetua», según explicó el juez.

El juzgador sostuvo durante la audiencia que las pruebas técnicas presentadas por la Fiscalía fueron «irrefutables» y «contundentes», no así el testimonio de un testigo, un pandillero que participó en la masacre y delató a sus colegas a cambio no ser acusado, que fue «parco y puso en vilo la acusación» durante el interrogatorio.

Los «motivos (por los que fueron asesinadas las 11 personas) son futiles y abyectos por la bajeza y la vileza con la que les dieron muerte», porque las víctimas «sufrieron el escarnio» de presenciar cómo «estas personas decidían matarlas», apuntó el juez.

La matanza fue perpetrada el 3 de marzo de 2016 en una zona despoblada del municipio de San Juan Opico (noreste) y por este caso fueron condenados 2 menores de edad en octubre de 2016 a penas de entre 5 y 15 años de internamiento.

Según la Fiscalía, los pandilleros llegaron a la zona a atentar contra sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS13) y sometieron a los trabajadores, 8 empleados de una compañía eléctrica y 3 jornaleros, con la intención de abandonarlos en el terreno para que no alertarán a las autoridades de su presencia.

Empero, una de las víctimas trató de huir y fue ultimada a tiros mientras corría, muerte que desencadenó las otras ejecuciones dado que los condenados no querían dejar testigos de ese primer crimen.

Esta es la segunda masacre de más de 10 personas ajenas a las pandillas perpetrada por estas estructuras desde 2010, cuando 14 salvadoreños fueron calcinados dentro de un microbús en una localidad cercana a la capital.

La masacre de San Juan Opico y la escalada de violencia que el país vivió en los primeros meses de 2016 llevaron al Gobierno a implementar una serie de medidas «extraordinarias», como el endurecimiento del régimen carcelario y el despliegue de un comando elite rural de 1.000 elementos.

Por esta masacre inicialmente las autoridades detuvieron y encarcelaron por cerca de dos meses a Miguel Ángel Deras, pero el testigo de la Fiscalía aseguró que el joven no era pandillero ni participó en la masacre.

Las autoridades acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en los dos últimos años.