Condenaron a 19 años de prisión a expresidente de la Corte Suprema de Colombia por entramado de corrupción

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Francisco Javier Ricaurte, fue condenado a 19 años de cárcel por haber formado parte de un entramado que favoreció procesos judiciales a cambio de dinero.

La decisión la tomó el juez décimo Penal del Circuito de Bogotá que, según detalló la Fiscalía en un comunicado, impuso una pena de 19 años y dos meses de prisión a Ricaurte por los delitos de «concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias», publicó EFE.

El fallo también determinó que el sentenciado debe pagar una multa de 485 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a 440 millones de pesos (unos 121.000 dólares).

Durante la investigación la Fiscalía colombiana demostró que el exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados «promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en investigaciones penales contra aforados constitucionales».

En el entramado de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno se encargaba de acercarse a los denominados «clientes» para pedirles dinero a cambio de la mediación ilegal.

«Cuando las personas contactadas accedían a pagar, la suma era distribuida entre Ricaurte y los otros señalados integrantes de la estructura, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones», detalló la Fiscalía.

Según la investigación, en uno de los casos el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, del Partido Liberal, entregó 1.200 millones de pesos (unos 330.000 dólares de hoy) por dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo.

«Aquí Ricaurte recibió 400 millones de pesos (unos 110.000 dólares)», agregó la información.

En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, del Partido de la U, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos (unos 547.000 dólares) para frenar una orden de captura en su contra.

«En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron dos pagos por 250 y 290 millones de pesos (unos 68.408 y 79.355 dólares)».

Un tercer caso está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente demorar un proceso por corrupción en su contra.

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