El Congreso de Perú aprobó este jueves 6 de mayo una serie de leyes que habilitan a los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones (AFP) para retirar sus aportes, como medida para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
La normativa, que ya se ha adoptado en países como Chile, fue avalada con 109 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, y permite que los aportantes retiren hasta 17.660 soles (4.775 dólares) de sus fondos.
«Aprobado por insistencia proyecto de ley 6.500, 6.631 y otros que proponen facultar a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones del retiro de sus fondos», informó el parlamento peruano a través de Twitter.
El viernes pasado, la Comisión de Economía del Congreso había aprobado el dictamen de la norma. El Ejecutivo —tal como ocurrió en Chile— hizo observaciones al proyecto porque considera que tiene visos de inconstitucionalidad, ya que los fondos de pensiones públicos o privados son intangibles.
Debido a ello, el pleno del Parlamento debía ahora aprobarla «por insistencia«, es decir, que acepta o rechaza algunas observaciones, pero continúa su trámite legislativo, para evitar de esa manera un posible veto del presidente Francisco Sagasti, quien dejará el cargo tras el balotaje de junio próximo.
El Gobierno presentó un proyecto alternativo al del Legislativo, que planteaba que el retiro de hasta 17.600 soles sea aplicable solo a aquellas personas que no registren aportes por al menos tres meses consecutivos hasta el 30 de abril de 2021, es decir, que no tengan empleo formal.
Sin embargo, el Congreso insistió en permitir el retiro para todos.
«No debe ser solo para quienes se hayan quedado sin empleo sino que debe ser facultativo a todos los aportantes de las AFP, dado que la pandemia ha afectado a todos los afiliados de manera directa o indirecta«, argumentó el congresista Anthony Novoa (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía.
Novoa indicó que el retiro de la AFP permitirá dinamizar la economía y ayudar a las familias afectadas por el coronavirus, razón por la cual estimó que no se debe excluir a quienes estén recibiendo ingresos.
Pendiente de promulgación
A partir de ahora, la norma queda pendiente de promulgación por insistencia por parte del Congreso y, una vez que eso ocurra, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) tiene un plazo no mayor a 15 días para determinar el procedimiento operativo que haga efectivo el retiro.
Podría ser en forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días posteriores a la vigencia de la ley.
No obstante, el Ejecutivo podría interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), acción que ya fue sugerida por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, a fin de impedir el retiro.
«El peligro más grande —indicó Mendoza— es viéndolo en perspectiva, porque si esto sigue pasando en el futuro, habrá un momento en que ese fondo de pensiones será de cero, por lo tanto, se está sacrificando las pensiones de la población, aun cuando vengan del aporte estrictamente privado».
Fuente: RT.
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