¿Constitucional? El Salvador podría terminar como territorio de compra para los chinos

La nación se encuentra en polémica tras las decisiones tomadas por el presidente Salvador Sánchez Cerén

Charilin Romero

14/09/2018 11:50am

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó la reforma que prohíbe que los extranjeros pudiesen adquirir, bajo cualquier título, las islas, islotes, cayos o cualquier otro territorio insular de la nación salvadoreña.

La reforma aprobada en la sesión plenaria del 24 de agosto pasado, surgió del trabajo de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y esta consistía en la incorporación del artículo 574-A en el Código Civil para impedir la venta de territorio salvadoreño a extranjeros, a menos de contar con el aval de 56 votos de los diputados.

El veto de Sánchez Cerén argumenta que es “inconstitucional” dicha reforma de ley y que vulnera principios constitucionales sobre el derecho a la propiedad de los extranjeros.

“El decreto de mérito incorpora en el Código Civil un artículo que establece un trato diferenciado para la transferencia de la propiedad, ya sea pública o privada, en razón de la nacionalidad, lo cual crea una restricción legal dirigida a las personas que no ostenten la calidad de salvadoreñas por nacimiento, respecto al derecho a la propiedad consagrado como derecho fundamental, en el inciso primero, del artículo 2 de la Constitución de la República”, argumenta de entrada el Ejecutivo.

El mandatario apoya la venta de bienes del Estado a extranjeros

Sánchez Cerén denuncia en su veto que los legisladores están estableciendo nuevo parámetros para la venta de inmuebles propiedad del Estado o de particulares, distintos a los establecidos en la Carta Magna.

“…El suscrito considera que a través del Decreto aprobado por la honorable Asamblea Legislativa se está fijando un nuevo límite al derecho de propiedad, pública o privada, por parte de los extranjeros, trastocando la regla ya establecida en la Constitución de la República, al permitir su acceso solamente a personas salvadoreñas de nacimiento, excluyendo a las personas extranjeras”, apuntó el veto del mandatario.

Aseguró que los extranjeros podrían acceder a la compra de propiedades en El Salvador, solamente si se acude a los diputados para que aprueben con mayoría calificada; es decir, con 56 votos, con base a la normativa reformada.

Es probable que el golfo de Fonseca sea privatizado

El presidente Sánchez Cerén advierte además sobre los riesgos y consecuencias que podría acarrear la reforma al Código Civil aprobado por los legisladores sin los votos del FMLN y con las objeciones hechas por GANA.

“….Estimo que las razones explicadas son suficientes para advertir una reforma legal no justificada, por cuanto so pretexto de proteger la soberanía nacional y la integridad del territorio, se afecta severamente hasta anular los derechos de propiedad de los titulares actuales en toda la República, lo cual lesiona la base del régimen de propiedad de la tierra, contra disposiciones constitucionales expresas”, añade el veto.

Asimismo, señala: “Por lo expuesto anteriormente, hago uso de la facultad que la Constitución de la República me concede en su artículo 137, inciso primero, VETANDO el Decreto Legislativo No. 105, por las razones de INCONSTITUCIONALIDAD ya señaladas…”, reza el documento.

Interés imperial

Los parlamentarios buscaban con la normativa blindar el territorio salvadoreño, específicamente el Golfo de Fonseca, debido a salió a la luz pública el interés de empresas de china continental en adquirir las islas Perico y Periquito a un costo de $2 millones y ante las denuncias de instalar incluso “bases militares”, que han despertado las sospechas de políticos.

Este decreto reformó el Código Civil el 24 de agosto anterior, para evitar la expoliación de los salvadoreños, pero al parecer el mandatario prefiere negociar su soberanía a otras naciones que buscan expandirse en el mundo.

El mandatario también vetó las reformas a ley de Fosalud e impidió que los trabajadores tengan representación en el consejo directivo.

Otros vetos

El Ejecutivo también vetó la iniciativa aprobada el 16 de agosto, que reformó el artículo 6 de la Ley de Fosalud que incluía a representantes de instituciones comunitarias como Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña y Cruz Roja Salvadoreña en el Consejo Directivo de Fosalud, porque según el mandatario viola el principio de igualdad.

Anteriormente el Ejecutivo salvadoreño había vetado una reforma que hicieron los diputados para la distribución de 800 toneladas de arroz que donó el gobierno de Taiwán a El Salvador y que sería repartido a agricultores de 143 municipios afectados por la sequía y en extrema pobreza.

Ese veto provocó un conato debate entre legisladores del partido ARENA y del FMLN, quienes trajeron a cuenta la sorpresiva ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, que data de más de 80 años por parte del gobierno efemelenista, para entablar nexos con la República de China Popular.

Asamblea podría reunir votos para rechazar el veto

Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano denunció que el presidente Sánchez Cerén no ha sancionado el decreto legislativo que declaró “Noble Amiga de El Salvador” a la embajadora de Taiwán, Florencia Miao-hung Hsie por sus “grandes aportes para el desarrollo social de El Salvador”.

“No lo sanciona, no lo veta, no lo observa, sencillamente lo deja pasar y la Constitución es muy clara que si él no sanciona, no observa y no veta, y pasa el tiempo estipulado por la Constitución, el presidente de la Asamblea Legislativa lo manda a publicar”, dijo Quijano.

Otro veto llegó al Palacio Legislativo y está destinado a frenar la reforma que los diputados hicieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y que pretendía darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), lo que ha puesto en riesgo al país de que sea expulsado de organismos internacionales que comparten datos de inteligencia financiera.

Los vetos presidenciales ocurren en un momento en que la Sala de lo Constitucional muestra su incapacidad en resolver legalmente si las normativas en polémicas son constitucional o no. En caso, de que los diputados lograsen superar los vetos, para lo cual requieren mayoría calificada (56 votos), sería la Sala de lo Constitucional quien dirimiera el asunto.