Controversia en Colombia por Jurisdicción Especial para la Paz

Los cambios que ya fueron aprobados por el Congreso para  juzgar a los militares que tienen parte en el conflicto armado, no lograron acallar las inquietudes jurídicas que ha levantado gran revuelo en el senado de Colombia. Este jueves, se hicieron ver los puntos de vista, surgieron amenazas sobre la legalidad de estas alteraciones, lo que dejó a este procedimiento en un estado de zozobra.

En la madrugada tras los debates del Senado y la Cámara de Colombia, aprobaron la discusión  de la ley que creó el código de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la herramienta procesal que permitirá juzgar a exguerrilleros y militares.

La nueva mayoría partidista surgida alrededor del nuevo presidente, Iván Duque, impusieron  el congelamiento de los procesos contra los militares que deban acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras se crea un procedimiento “especial y diferenciado” para ellos, que en otras palabras sería una “sala especial”.

Ante este triunfo de la coalición del nuevo presidente, el gobierno saliente y algunos sectores políticos anunciaron este jueves que preparan toda una artillería jurídica para abortar esta decisión.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue el primero en manifestar su rechazo con referencia al tema relacionado con la extradición de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A pesar de “celebrar” la aprobación de la legislación de procedimiento de la JEP, insistió en que estos dos cambios “son contrarios a la Constitución”.

“El artículo sexto transitorio de la Constitución dice que la competencia de la JEP será prevalente para aquellos ciudadanos pertenecientes a la Fuerza Pública o los excombatientes de las Farc que hubieren cometido delitos en el marco del conflicto, de tal manera que una ley de carácter ordinario, como la que se aprobó, no puede ir en contravía de un mandato constitucional”, explicó Rivera.

En este sentido, el funcionario anunció que el Gobierno está “estudiando” dos caminos para “precipitar” un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema: objetar la ley ante el Congreso, lo que retrasaría su entrada en vigencia, o sancionarla y luego demandar los dos artículos con los que el Gobierno está en desacuerdo.