EL ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, denunció que es víctima de un nuevo caso de “lawfare” o uso de la ley como un arma de guerra para restarle apoyo popular y neutralizar su capacidad de reacción frente a la decisión emitida por la Contraloría de ese país, que determinó indicios de responsabilidad penal, administrativa con destitución, por el manejo de la deuda pública ecuatoriana entre 2012 y 2017.
“ Hay un uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción e imagen pública e inhabilitación de imagen pública”, señaló desde Bélgica el líder ecuatoriano apoyado en la definición del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, alertando que dicha herramienta “combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno”.
El mismo criterio sostuvieron dirigentes del Partido Movimiento Revolución Ciudadana y compañeros del ex mandatario, quienes marcharon la tarde del martes frente al Monumento Simón Bolívar, ubicado en el Centro de Quito, contra la “persecución política” del actual gobierno ecuatoriano. Además, solicitaron devolver el caso a Fiscalía pero a manos de otro Juez.
El informe presentado el lunes por el Contralor Pablo Celi establece la responsabilidad de varios funcionarios, entre ellos Correa, sus ex ministros de finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera por la implementación del Decreto Ejecutivo 2018, a través del cual se cambió el cálculo de la deuda de ese año en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). También involucra a los exsecretarios de financiamiento público, el exdirector Nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, y el ex Coordinador General Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas.
Correa defendió el mecanismo de cálculo de deuda establecido en el Decreto destacando el crecimiento real de la economía de Ecuador. “Si no quieren medir la deuda sino los pasivos, tendrían entonces que medir los activos . Sólo en inversión tuvimos $90 millones en 10 años, es decir, somos mucho más ricos”.
El ex asambleista del MRC, Virgilio Fernández, señaló que la fórmula también habría sido utilizada por el propio presidente ecuatoriano Lenin Moreno para enviar las proformas presupuestarias en 2017 y 2018, por lo que reiteró que se trata de un caso de persecución política. “Las instancias de control no pueden ser utilizadas con esos fines. Basta ya de persecución política y de Bloqueo Político a Rafal Correa. Basta de mal gobierno”, publicó en su cuenta personal.
«No lawfare»
El uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial es un mecanismo que está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. La estrategia no sólo es instrumentada en contra de líderes y gobiernos progresistas como el de Rafael Correa. Desde que se inició el proceso judicial contra el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula Da Silva, su defensa defendió la existencia del “lawfare” para culpabilizar a Lula y evitar que pudiera ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre.
Esta estrategia ha pretendido ser aplicada en Venezuela a través de la vinculación que sectores de oposición pretenden hacer contra la figura y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con apoyo internacional, un tribunal ilegal establecido por prófugos de la justicia en el exilio, simuló una sentencia contra el mandatario venezolano por supuestos hechos dolosos.
La nueva táctica de guerra no convencional también es aplicada contra la ex presidenta Argentina Kristina Fernández y la ex Presidenta e Brasil Dilma Rousseff , cuya campaña presidencial estuvo teñida de acusaciones contra ella y Lula, a quienes los medios y el sistema judicial vincularon con casos de corrupción.
Otras definiciones del término refieren al “lawfare” como “un mecanismo que permite utilizar la ley como medio para lograr el objetivo militar”, “convertir los códigos legales en espadas”; “uso abusivo de leyes y sistemas judiciales para conseguir objetivos militares y políticos”. Para algunos analistas, el “lawfare” es menos letal, más barata y en ocasiones más efectiva que la acción militar. Sea como fuere se ha convertido en un nuevo tipo de guerra.
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