Los reportes de denuncias por corrupción que se reciben en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en Perú son realmente alarmantes, al punto que tuvieron que habilitar un piso extra en su jurisdicción para tales fines.
El Ministerio Público, ente encargado de realizar las investigaciones correspondientes por este delito (hasta el nivel superior), reportó hasta junio un total 8.046 denuncias (de tipo penal) recibidas, por actuaciones de fiscales, jueces y trabajadores. De esas denuncias, están bajo proceso 7.904.
Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene 5.811 denuncias recibidas por el mismo flagelo, de las cuales ha atendido 5.343.
Litigantes: los más perjudicados
El exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Mario Amoretti se refirió a los que realmente salen más afectados en estos casos. “El procesado a veces vende hasta lo que no tiene para obtener la libertad del hijo, o accede a una relación sexual por parte del funcionario”.
Así lo reveló, a raíz de otra cifra ofrecida relativa al pago de coimas que realizan las víctimas a los funcionarios, las cuales registrarían incrementos de hasta 300% en los últimos años.
En la misma tónica, mediante un comunicado, la OCMA manifestó que en la atual gestión de gobierno se han impuesto 3.600 medidas disciplinarias y se ha capacitado a magistrados y trabajadores como actividad preventiva.
Asimismo, destacó que han sido modernizados los procesos para recibir las denuncias de los ciudadanos, en aras de resguardar la identidad de las víctimas, denunciantes o litigantes.
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