El senador colombiano Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, reconoció en un interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia haber pagado 2.000 millones de pesos (unos 681.400 dólares) en sobornos a dos exmagistrados de ese alto tribunal, informaron medios locales.
Besaile dijo que los que le pidieron el soborno fueron el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema José Leonidas Bustos, así como el abogado Luis Gustavo Moreno, quienes le solicitaron una suma de 6.000 millones de pesos (unos 2 millones de dólares), de los cuales él pagó 2.000 millones, según detalla el diario El Tiempo.
Según su declaración citada por el rotativo, ese dinero también habría podido llegar al exmagistrado y expresidente de la Corte Francisco Javier Ricaurte.
El objetivo era frenar investigaciones en su contra por parapolítica, como se conoce en Colombia el escándalo que vinculó a algunos políticos con líderes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió el pasado 15 de agosto a una comisión de la Cámara de Representantes investigar a Bustos y Ricaurte, quienes presuntamente cobraron sobornos por ayudas en procesos relacionados con congresistas.
A solicitud de la Fiscalía, también se pidió investigar a los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador; el excongresista Luis Alfredo Ramos, y al propio Besaile por los mismos hechos.
En una declaración paralela, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró entonces que la investigación se realizó con la cooperación de Estados Unidos, cuyas autoridades le facilitaron «comunicaciones electrónicas y conversaciones» entre el exgobernador del departamento de Córdoba (norte) Alejandro Lyons con el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla.
Moreno, quien actualmente está preso, es acusado de exigir gruesas sumas de dinero a Lyons a cambio de actuaciones del director de la unidad anticorrupción en los casos que el exgobernante regional enfrenta.
Lyons es investigado por la Fiscalía porque durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015) habría sido pieza clave en el despilfarro de las regalías giradas por el Gobierno a ese departamento.
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