El senador derechista ha sido acusado varias veces de tener nexos con grupos ilegales del narcotráfico y paramilitarismo
Este viernes, la Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a declarar, para el próximo 8 de octubre, al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez y al representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, debido a un proceso por presunto soborno y fraude procesal.
A Uribe se le acusa de manipulación de testigos, hecha «junto al también congresista Álvaro Hernán Prada, para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve retirara sus afirmaciones sobre la presunta vinculación de ambos políticos con grupos al margen de la ley, y afirmara que había sido conminado a hacer esas aseveraciones por órdenes del senador Iván Cepeda Castro», cita RT.
El expediente fue entregado al magistrado César Augusto Reyes, ya que la magistrada Cristina Lombana, que llevaba el proceso, fue recusada por el senador Cepeda.
Se trata de un expediente de 8 cuadernos, cada uno de 300 folios (hojas), 9 anexos, 6 reservados y 137 registros de audio, publicó el diario La Nación.
Por su parte, Uribe había solicitado que se declarase nulo este proceso en su contra, algo que le negó el pasado 18 de febrero la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema «por cuanto la práctica de pruebas se encontró ajustada a la legalidad».
En 2012, Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos, al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra, indica EFE.
Con esos testimonios, Cepeda señaló al derechista con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste).
El abogado defensor del líder derechista, Jaime Granados, dijo —cita el medio español— que el próximo 8 de octubre Uribe «dará la historia de lo que pasó» y explicará ante los magistrados de la Corte que «no hay nada que sea relevante penalmente en contra de él».
El año pasado, Uribe fue nuevamente centro de un escándalo que lo vinculaba con el narcotráfico. En 2018, varios medios publicaron documentos desclacificados del Departamento de Estado de EE. UU, en los que se acusa al expresidente (2002-2010) de recibir financiamiento por parte de carteles de drogas.
El senador también ha sido señalado por el Gobierno de Venezuela de entrenar a grupos irregulares con el fin de cometer actos terroristas en el vecino país, como parte de una estrategia que busca desestabilizar al presidente Nicolás Maduro.
Fuentes: La Nación, EFE, RT
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