Se habría producido desde mayo de 2003, cuando comenzó a gobernar su esposo Néstor, hasta el 9 de diciembre de 2015, día del último mandato de la exjefa de Estado
La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner fue acusada formalmente este martes de ser jefa de una asociación que obtuvo de manera ilícita 46.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión (2007-2015).
El robo de fondos públicos a través de una «matriz de corrupción» se habría producido desde mayo de 2003, cuando comenzó a gobernar su esposo Néstor Kirchner, hasta el 9 de diciembre de 2015, día del último mandato de la exjefa de Estado, según la lectura de la acusación que realiza el secretario del juzgado este martes en el inicio del juicio.
Para «sustraer fondos del Estado, escogieron la obra pública vial como modo propicio», se destacó durante la lectura de los cargos.
«Con estas premisas como norte, Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aportaron a esta organización criminal el poder y la jerarquía que sus respectivos cargos le otorgaban y pusieron en marcha una maquinaria eficaz para sustraer fondos del Estado», destaca la acusación.
Según el documento los dos gobernantes «recibieron una parte de los fondos ilícitos que sustrajeron con un sistema de reciclaje de activos para que canalizaran fondos hacia los exmandatarios y sus hijos».
En total son 13 los acusados por el supuesto direccionamiento de 51 proyectos de obras viales en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016.
Además de la expresidenta, están en el baquillo de los acusados Julio de Vido, exministro de Planificación, José López, exsecretario de Obras Públicas, Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Nelson Periotti, extitular de Vialidad, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, entre otros.
Los acusados deben estar presentes durante la lectura de cargos y en la fase de las indagatorias, pero después podrán ausentarse del debate oral hasta la etapa final de los alegatos
Se estima que a lo largo del debate comparezcan unos 160 testigos, entre ellos empleados de la Dirección Nacional de Vialidad, exfuncionarios de Santa Cruz y especialistas que serán consultados por las obras viales.
En el lugar 117 de la lista de testigos figura el político y abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y por unos meses también de Cristina Fernández, y quien será precandidato presidencial en una fórmula que la exmandataria completará como aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre.
En principio se celebrará una audiencia semanal todos los lunes, aunque se analizará la inclusión de algún día extra para acelerar el juicio, en el que intervienen como querellantes la Oficina Anticorrupción, dependiente de la jefatura de gabinete, y la Unidad de Información Financiera.
Antes de que el expediente fuera elevado a juicio, llevaron adelante el caso el magistrado Sebastián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
El juicio tiene lugar en la sala AMIA, el espacio de audiencias más grande del edificio de tribunales, con capacidad para unas 160 personas, que es nombrado así porque allí se realizaron juicios relacionados con el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
En las afueras del edificio de tribunales se ha desplegado un operativo de seguridad en el que participa la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.
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