La decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de expulsar a los diplomáticos del Gobierno venezolano y reconocer a los representantes del autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, responde al interés de negociar la deuda de 1.250 millones de dólares que mantiene el país centroamericano con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El objetivo del Mandatario derechista es que Guaidó le otorgue indulgencia en la deuda que tiene El Salvaldor con la petrolera venezolana, a cambio de respaldo político a su fracasado plan de derrocar al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, quien fue reelecto en los comicios de mayo de 2018.
Sin embargo, cualquier acuerdo con el diputado opositor en desacato carece de validez, ya que no es el representante vinculante del Estado venezolano con el cual pudiera negociar efectivamente dicha deuda ante instancias internacionales.
Ficha de Estados Unidos
Como buen político neoliberal y ficha política del Gobierno estadounidense, desde su campaña a la presidencia Bukele se manifestó en contra de Maduro y a favor del golpista Guaidó.
A principios de noviembre, el salvadoreño ordenó la expulsión de cinco diplomáticos venezolanos de su país y reconoció al autoproclamado como «presidente interino» de Venezuela, tal y como hicieron hace meses Estados Unidos y sus aliados en Latinoamérica y el mundo.
El Gobierno salvadoreño justificó su medida en que «el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los venezolanos», basándose en el acuerdo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el informe sesgado que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que recogió supuestos abusos perpetrados por las autoridades y descartó las acciones violentas y golpistas de la oposición.
En «apego al principio de reciprocidad», Caracas expulsó a su vez al personal diplomático de El Salvador en suelo venezolano.
“Bukele asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior de Estados Unidos, al dar oxígeno a su estrategia de agresión contra el pueblo venezolano», condenó en esa oportunidad el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Mientras, el presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro, lamentó que Bukele traicionara al pueblo que confió en él para dirigir el destino de El Salvador, para ser un títere más de las políticas injerencistas del Mandatario norteamericano.
“Da vergüenza ver cómo se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño, pero de la historia no te salvas Bukele como traidor del pueblo«, afirmó el líder bolivariano.
Lo cierto del asunto es que, Washington no ocultó su beneplácito por la obediencia de Bukele, y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, no tardó en agradecer al Gobierno salvadoreño por reconocer a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.
“Encomiendo a Nayib Bukele por reconocer a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela. Gracias a ti, El Salvador ahora es el país 57 en apoyar a la gente de Venezuela, que lucha por librarse de la tiranía y la corrupción de Nicolás Maduro”, escribió Pompeo en su cuenta en Twitter.
Mientras que Guaidó agradeció el “espaldarazo” dado por el mandatario salvadoreño.
“El Salvador ha dado un espaldarazo a la causa venezolana y aisla más al régimen de Maduro. Es parte de la presión internacional que nos tiene que encontrar en las calles. Gracias Presidente Bukele por su apoyo a la presidencia encargada y a la lucha de toda Venezuela”, escribió en su cuenta en Twitter.
Deuda con Pdvsa
De acuerdo con un informe interno de PDVSA al que tuvo acceso el diario venezolano Últimas Noticias, El Salvador cometió irregularidades que dificultarían el pago de una deuda a la estatal petrolera de 1.250 millones de dólares, por concepto de suministro de crudo a través del programa Petrocaribe.
El Informe del Comisario de PDVSA 2018 identifica el caso de Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), como “una situación internacional en la cual sujetos inescrupulosos del referido país, tergiversaron los humanistas propósitos del acuerdo estratégico de Petrocaribe de financiar parte de la factura petrolera, asociada a los crudo suministrados por la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso indebido de los términos del acuerdo para la correcta asignación de fondos a proyectos idóneos dirigidos al desarrollo de actividades productivas que asimismo permitieran compensar el pago de la deuda”.
Como antecedente inmediato, el informe alude la denuncia sobre hechos irregulares realizada por los funcionarios venezolanos William Moreno y Modesto Vera, quienes hasta tiempos recientes se desempeñaron como Gerente General y Gerente de Finanzas, respectivamente, de la empresa Albapes y previo a esas designaciones ocupaban importantes posiciones gerenciales en PDVSA.
“Los funcionarios informaron de una serie de irregularidades que han estado ocurriendo en Albapes, desde hace algún tiempo, que ponen en riesgo la participación del Estado venezolano en dicha empresa y revelan las pocas probabilidades de cobro de alrededor de 1.250 millones de dólares, que adeuda esa empresa mixta a PDVSA por concepto de suministro de combustibles, en el marco del acuerdo de Petrocaribe”.
A partir de las correspondencias con Moreno y Vera, el Informe citado por Últimas Noticias alerta sobre una serie de irregularidades por parte de los representantes gubernamentales de El Salvador en Albapes, entre las que figuran:
a) Eliminan el control ejercido por el personal venezolano en materia financiera, específicamente en el manejo de cuentas bancarias y en materia de deterioro de las cuentas por cobrar.
b) Uso discrecional por parte del socio salvadoreño sobre los recursos financieros que se mantienen en el flujo de caja, con el agravante de los hechos comprobados en el pasado por los auditores y cometidos por el personal que ha estado ocupando cargos tales como el de Asesor Mayor, Vicepresidente, Subgerente y Contador
c) Gestionaron el financiamiento de préstamos a través del Banco de Fomento Agropecuario por el orden de nueve millones de dólares sin la debida aprobación de la Junta Directiva, así como la suscripción de contratos de publicidad y de servicios de mercadotecnia en apoyo a la campaña electoral por el orden cinco millones de dólares.
d) Continúan aplicando medidas de despido al personal salvadoreño institucionalista que apoyó la gestión del Gerente General y del Gerente de Finanzas, William Moreno y Modesto Vera, respectivamente, y de funcionarios de PDVSA de nacionalidad venezolana.
e) Al aplicar estas medidas, el manejo de la información a suministrar al Comité de Cobranzas estaría en manos de personas que podrían sesgar u obstaculizar la reconstrucción de los hechos irregulares perpetrados con motivo de la entrega de préstamos, en su mayoría sin una garantía real.
f) Motivar el Contrato de Comercio Justo para el suministro de Kits Médicos, por más 30 millones de dólares con empresas cuestionadas y relacionadas con el socio salvadoreño.
g) Detienen y obstaculizan las acciones de cobro del naciente Comité de Cobranzas, sobre los préstamos cedidos a Compañías relacionadas.
h) Aceptan la recepción de activos en dación de pago por encima de su valor razonable de mercado, generando mayores pérdidas a la empresa y contraviniendo de esta manera, lo expresado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Dios los cría y ellos se juntan
La “afinidad ideológica” de Bukele y Guaidó va más allá de servir a los intereses y doctrinas dictadas por Donald Trump, e incluye acciones ligadas a la corrupción con fondos venezolanos.
Sobre Bukele pesan acusaciones sobre estrechos vínculos con un caso de corrupción, mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. En aquel entonces, el político de derecha habría recibido más de cinco millones y medio de dólares por parte de la empresa Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), actualmente investigada por lavado de dinero por la Fiscalía General de la República.
Un reportaje realizado por el periodista salvadoreño Fernando Romero para la Revista Factum detalla que cuando Bukele era alcalde recibió 1.974.200 dólares, con motivo a una sociedad que permitía la gestión de proyectos en el municipio que administraba.
“Los desembolsos constan en documentos incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación por posible lavado de dinero que involucra a 23 empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos de El Salvador, Inverval entre ellas, y a los que Revista Factum ha tenido acceso”, cita el artículo.
Además, Inverval no solo entregó dinero a Bukele cuando fue alcalde, sino que también desembolsó otros 3.474.894 dólares al ahora Presidente, “a una de sus empresas familiares y a personas que ahora son funcionarios públicos, parte de su gabinete más cercano”.
El origen del dinero que recibió Bukele proviene de Alba Petróleos de El Salvador, el consorcio financiado con fondos estatales venezolanos que también es objeto de investigaciones por posible lavado de dinero en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador durante la administración de Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y actual prófugo de la justicia venezolana por estar inmerso en delitos de corrupción, sobornos y robo de miles de millones de dólares pertenecientes a PDVSA.
Desfalco en PDVSA
Juan Guaidó, por su parte, desde que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, ha hecho todo lo posible por apoderarse ilegalmente del control de los activos del país caribeño y en especial de aquellos relacionados con el sector petrolero, como el complejo refinador Citgo Petroleum Corp, filial de PDVSA en Estados Unidos y mayor posesión de Venezuela en el extranjero.
Como parte del acuerdo pactado con la Casa Blanca, el diputado obtuvo carta blanca por parte de Trump para tomar control progresivo de los activos de Venezuela en el exterior, comenzando por nombrar, de forma ilegal, las juntas directivas de PDVSA y Citgo y traspasar el control de esas cuentas a la Asamblea Nacional (AN) en desacato.
Como parte de las irregularidades del autoproclamado y sus colaboradores, en mayo pasado la AN presidida por el propio Guaidó, aprobó el pago de 71 millones de dólares por intereses del Bono PDVSA 2020. Sin embargo, en octubre la misma AN aprobó un acuerdo declarando la inconstitucionalidad del mencionado bono.
“El contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la AN”, alegó el Parlamento controlado por la oposición.
A raíz de esto, el equipo de Guaidó presentó una demanda en un tribunal de Nueva York solicitando que el bono 2020 de la estatal PDVSA fuera declarado nulo.
A su vez, el Departamento del Tesoro frenó “la venta y transferencia temporal” de las acciones de la refinería Citgo Petroleum Corp, unidas como garantía colateral a los bonos PDVSA 2020, por ser su filial en Estados Unidos
La medida se produjo en vísperas de que fuera declarado un default de PDVSA por el impago de 913 millones de dólares de los citados bonos que están respaldados por el 50,1 % de las acciones de Citgo, con el fin evitar que los acreedores tomen control de la filial de PDVSA.
Por si fuera poco, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició una investigación sobre los inversionistas privados del Bono PDVSA 2020, a raíz de denuncias formuladas por inversionistas privados de JP Morgan, considerada la primera institución bancaria en Estados Unidos.
El FBI tendría en sus manos «la plantilla de cómo fueron otorgados los pagos a los inversores que adquirieron los bonos PDVSA 2020», según reportó Últimas Noticias.
En ese listado resaltan algunos dirigentes del partido ultraderechista Voluntad Popular, entre ellos Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes usarían testaferros para cobrar las ganancias.
Según fuentes consultadas por el diario venezolano, la agencia de investigación correspondiente al Departamento de Justicia estaría realizando un seguimiento a los bienes adquiridos por los «tenedores políticos» de los bonos, tanto en Europa como en suelo estadounidense.
Esta investigación confirmaría la denuncia presentada por el Gobierno bolivariano de que se está produciendo un despojo ordenado y programado de los recursos venezolanos congelados en el extranjero mediante las acciones perpetradas por Guaidó en complicidad con Estados Unidos.
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