El equipo multidisciplinario de la la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia denunció, con base en pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto de la autoproclamada “presidenta interina “Jeanine Áñez está cometiendo “delitos de lesa humanidad” en la nación suramericana.
Los integrantes de la delegación realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para poder evaluar y comprender la grave situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia, tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales.
“Se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas”, explicó el grupo en un comunicado.
Entre sus conclusiones, la delegación afirmó que Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, un grupo patronal de mineras, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente legítimo, Evo Morales, e instaurar un gobierno de facto.
Este golpe contó con el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el del mandatario norteamericano Donald Trump.
“Tenemos, asimismo, información sobre múltiples contactos de agentes estatales argentinos con conspicuos miembros de la oposición política, en particular con Luis Fernando Camacho”, indicó el grupo.
Según sus investigaciones, los involucrados en el golpe generaron una situación de terror general que se expresó con particular virulencia en la dirigencia social del llamado Pacto de Unidad.
También se refirieron al papel que jugó la Organización de Estados Americanos (OEA) que emitió un apresurado comunicado preliminar impugnando las elecciones en el momento más álgido de la convulsión político social, “validando las conductas desestabilizadores y golpistas de los actores en cuestión”.
Sin embargo, “este comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y del Estado Plurinacional. La intencionalidad política injerencista de dicho pronunciamiento queda en evidencia habida cuenta que al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría”.
El equipo multidisciplinario señaló que la renuncia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, así como de otros funcionarios y gobernadores, fueron producto de la presión de las Fuerzas y de las múltiples amenazas creíbles contra los gobernantes constitucionales.
“En ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar dichas renuncias por válidas convirtiéndolas en actos jurídicos inexistentes”, expresó el comunicado.
El Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar como presidenta a la gobernante de facto autoproclamada, primero como presidenta del Senado y luego como presidenta de la nación en secciones que no contaban con los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito, explicó la delegación en su informe preliminar.
Violaciones de derechos humanos
Con base en pruebas y testimonios la delegación concluyó que de forma paralela al golpe de Estado se produjo un proceso de persecución y represión generalizada contra todos los ciudadanos bolivianos que se manifestaron contra de estas acciones causando “decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas”.
Destacó que las fuerzas armadas y policiales han contado con un manto de impunidad para ejecutar sus acciones represivas contra el pueblo boliviano.
El grupo argentino enumeró una serie de agresiones perpetradas por el régimen impuesto por la autoproclamada Jeanine Añez, entre las que figuran:
- Masacres de Cochabamba y Sankata.
- Desaparición forzada de personas.
- Torturas, violaciones y delitos sexuales.
- Pogromos contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares.
- Cacería de dirigentes de movimientos sociales, con irrupción en casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chaparé realizadas por Fuerzas Armadas en el marco de la circular que permite establecer “zonas militares”.
- Confección de Listas Negras con dirigentes políticos y sociales anunciadas públicamente por el ministro de gobierno Murillo.
- Represión de manifestaciones públicas por parte de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia.
- Restricción manifiesta de la libertad de prensa, en particular de la prensa internacional.
- Habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales, en particular de la llamada Unión Juvenil Cruceñista.
- Manifestaciones frecuentes de racismo, discriminación y hostigamiento contra la población originaria y colectivos vulnerables
- Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción.
- Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales.
Amenazas contra la delegación
Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus ultraderechistas grupos de choque impidió que la misión argentina ahondara más en la actual violación de derechos humanos, sociales y políticos en este país.
Durante su estancia en Bolivia, los integrantes de la delegación vivieron una persecución constante para que no pudieran recabar información ni testimonios sobre los casos de violaciones de derechos
Como parte de su investigación, viajaron a la ciudad de Santa Cruz para hacer una escala y luego siguieron hacia La Paz con el objetivo de estudiar los abusos cometidos contra la población.
En el aeropuerto de Santa Cruz fueron demorados e interrogados por la Policía, y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes de ultraderecha y seguidores del multimillonario y conservador, Luis Fernando Camacho, quien fue uno de los artífices del golpe de Estado, y que aspira en convertirse en el próximo presidente de Bolivia.
Los dirigentes sociales argentinos señalaron a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de las amenazas explícitas que sufrieron.
“Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo” advirtió Murillo para amenazar a las delegaciones y organismos sociales y de derechos humanos que han viajado a Bolivia para investigar sobre la verdad de la crisis.
A pesar de la persecución, hostigamiento y amenazas, la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos en la nación suramericana.
Te interesa leer:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
