Derecha nicaragüense pretende imponer métodos fascistas en el país

Ante las pretensiones de la derecha nicaragüenses, quienes han apostado por métodos fascistas como un mecanismo de «lucha» contra el Gobierno nacional y la reforma del sistema de pensiones, miles de personas salieron a las calles este viernes para rechazar los actos vandálicos impulsados por sectores minoritarios.

Con la consigna “Ni un paso atrás” trabajadores, estudiantes y familias nicaragüenses alzaron su voz en defensa de la paz y la estabilidad del país, ante estos hechos violentos que se desataron en país.

Por su parte, La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, repudió estos actos vandálicos, los cuales dejaron como resultados  un total de 37 personas resultaron heridas y tres fallecidos.

«Nicaragua está siendo mancillada por malos hijos, gente mezquina y de alma pequeña que no se pone a pensar que hemos trabajado tanto para alcanzar la paz, que hemos estado todos los días dándole gracias a Dios porque hay paz en Nicaragua después de tanto tiempo de sufrimiento, de dolor, de conflicto, de las familias nicaragüenses”, indicó Murillo.

Por su parte, el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porras, precisó que esta situación tiene como único objetivo atentar contra la paz y la estabilidad del país.

Lo que sucede actualmente en Nicaragua, tiene el mismo esquema violento emprendido en Venezuela, en el año 2017, por sectores radicales de la derecha, quienes con el objetivo de derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro, impulsaron una feroz campaña violenta que se extendió en todo el territorio nacional, dejando como consecuencia innumerables pérdidas materiales y un total de 142 víctimas.

Dentro de las acciones emprendidas en Nicaragua, como lo son las barricadas, ataques a bienes públicos y los enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado, se puede notar la similitud de lo que el año pasado el pueblo venezolano vivió producto de las ansias de poder de la derecha fascista.

La reforma con carácter social, lo cual marca las políticas impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega, prevé elevar los montos de cotización, hasta llegar al 22,5 por ciento las cotizaciones de más de 700.000 empleados formales y en cinco por ciento a jubilados.