Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido fundado por Evo Morales, fue detenido preventivamente bajo el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.
García, quien se encuentra en el Penal de San Pedro, en La Paz, fue aprehendido el jueves pasado mientras manejaba un vehículo del Ministerio de la Presidencia sin matrícula, recoge Página Siete.
Junto con García fue detenido también el secretario de Transparencia del MAS, Ramón Caro.
Según el jefe de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, se le imputa el cargo de presunto uso indebido de bienes del Estado, sin embargo, como la posesión del vehículo no estaba autorizada por el Ministerio de la Presidencia, la Fiscalía determinó que sería robo agravado.
Según el citado medio, entre los objetos en posesión de García en el vehículo presuntamente se hallaron computadores y documentos que están siendo investigados. La Policía también realizó el allanamiento de la sede del MAS en La Paz.
No es la primera detención preventiva de este tipo, pues el pasado 19 de noviembre fueron aprehendidos por presunto «uso indebido de bienes del Estado» el esposo y la hermana de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, quién a su vez tiene una orden de aprehensión por supuestos «delitos electorales», tras el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre.
«Que comiencen a correr»
Previamente, Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo irá «a la cacería» de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien se encuentra con Morales en México.
«Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país».
A más de un mes de los comicios donde Morales obtuvo el triunfo en primera vuelta, Áñez ha anulado los resultados a través de la ‘Ley de Régimen Excepcional y Transitorio’ con la finalidad de convocar nuevas elecciones generales para 2020.
Tras el golpe de Estado contra Morales, los movimientos sociales, indígenas y campesinos han salido a las calles en rechazo del Gobierno de Áñez, y han sido fuertemente reprimidos por los cuerpos de Seguridad. Así, desde el pasado 10 de noviembre, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 30 muertos, la mayoría de ellos, según la Fiscalía, por «heridas de proyectil de arma de fuego».
Con información de RT
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