Duras críticas a las políticas represivas en materia de seguridad al gobierno de Macri

Un nutrido grupo de intelectuales, investigadores, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil  salieron a alertar sobre los peligros del decreto presidencial firmado por Mauricio Macri que declara la Emergencia en Seguridad en todo el territorio político.

El Acuerdo de Seguridad Democrática y Convivencia sostiene en su documento colectivo que desde el espacio de Macri se trata de instalar la idea del narcotráfico como base de todo tipo de delito y la violencia en general y que en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas y de seguridad como parte del problema, Macri y su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les terminan dando más poder.

Eso último, sostienen, se puede advertir en la autorización para derribar aviones a través de la «Ley de derribo», firmada también por decreto presidencial, lo que equivale a una “pena de muerte encubierta”.

En el casi un centenar de nombres firmantes, la mayoría de distintos espectros políticos, se destacan: el ex ministro y camarista León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, el radical Manuel Garrido, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el socialista Hermes Binner, el massista Felipe Solá, el especialista Marcelo Sain, Dante Caputo, Nilda Garré, Leo Grosso, Juan Manuel Abal Medina, Juan Pablo Cafiero, entre otros.

Cabe recordar que días atrás, el gobierno argentino declaró la Emergencia en Seguridad, medida que durará un año y que incluye posibles acciones conjuntas de fuerzas militares y de seguridad y hasta la convocatoria de personal retirado (que no esté implicado en crímenes de lesa humanidad) si es considerado necesario, tal como señala el diario Página/12.

En esa dirección,  el Acuerdo de Seguridad Democrática y Convivencitexto  advierte el decreto de Macri no está fundado en ningún análisis o seguimiento concreto que permita definir el escenario del narcotráfico tal como se lo presenta.

“Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”, afirman.

A continuación, les dejamos los conceptos claves del documento firmado por el grupo de intelectuales, políticos y especialistas en seguridad, brindados por el periódico Página/12

• La emergencia declarada es un “anuncio efectista”, una estrategia que busca “impacto comunicacional” pero de lo que carece es de eficacia y conlleva el riesgo de multiplicar la violencia.
• El narcotráfico es mostrado como explicación de los problemas de seguridad y de ese modo se intentan justificar medias excepcionales con el argumento de que hay que detener el ingreso de drogas.
• Esas medidas excepcionales van desde dar amplias facultades de revisar cualquier bulto que se considere sospechoso a personas que viajan por transporte comercial hasta el derribo de aviones dudosos, algo que los firmantes definen como una pena de muerte. “Es una medida inconstitucional porque es una pena de muerte sumaria encubierta”, dice el documento.
• “Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos”.
• El narcotráfico es asimilado a una agresión militar, se lo describe como una violación a la soberanía y el Gobierno plantea las políticas para enfrentarlo dentro del modelo de las “nuevas amenazas” que “Estados Unidos prescribe para América latina, pero que no aplica en su propio territorio”. Se coloca el narcotráfico por encima de otros delitos “más violentos como la comercialización de armas de fuego”.
• Las Fuerzas Armadas, en ese contexto, reciben nuevas “facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional”. Entonces, además de controlar el espacio aéreo, ahora podrán derribar aviones sin siquiera avisar a la autoridad política.
• La emergencia no hace ningún reconocimiento de la falta de profesionalización de las fuerzas policiales ni esboza reforma alguna para que dejen de ser parte de los mercados ilegales. Al revés, al habilitar medidas como la contratación de personal retirado, nunca se supera el viejo modelo corrupto.
• Queda habilitada la posibilidad de incrementar gastos en tecnología y armamento pero se debilitan los sistemas de control.