El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se pronunció a través de Twitter sobre el caso y aeguró que la “persecución” en su contra es “evidente” y pidió la renuncia del contralor Pablo Celi, a quien lo calificó de “impostor”.
“La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el “caso Singue”, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses. La persecución es evidente, pero todos callan. Renuncie, contralor”, escribió el exjefe de Estado.
El 1 de marzo, Celi envió un oficio al fiscal general Carlos Baca en el que pide que se incluya en la indagación penal a Correa porque él aparentemente sí conoció de la negociación del campo petrolero.
El Contralor señala que se recabaron nuevos documentos como parte del informe DASE-0044-2017 con indicios de responsabilidad penal; este fue elaborado por la Contraloría en agosto pasado.
En ese informe, la entidad de control aseguró haber hallado presuntas irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue al Consorcio DGC, en abril del 2012. E incluyó a Jorge Glas (en ese entonces ministro coordinador de los Sectores Estratégicos) y otras 28 personas como posibles responsables de la licitación.
Para demostrar que Correa sí conocía de la negociación, Celi remitió a Baca un documento suscrito por el gerente de Dygoil, la compañía que forma parte del consorcio DGC, en enero del 2011.
Según la Contraloría, el Estado ecuatoriano sufrió un aparente perjuicio de USD 5,2 millones por la adjudicación del bloque Singue a DGC. Actualmente la investigación en torno a este caso está en etapa reservada.
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