Organizaciones ecologistas y defensores de los Derechos Humanos demandan que en el Gobierno ecuatoriano exista una “verdadera voluntad política” para reparar los daños ocasionados por la actividad minera.
Para ellos no es suficiente que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en una reunión con líderes indígenas el lunes anterior, se haya comprometido a suspender todos los procesos de concesión mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades.
Informe preocupante
En un informe conjunto, las organizaciones indican que estos “han causado violaciones a los Derechos Humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza” en unas 3 millones de hectáreas de la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país sudamericano.
Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, aseguró que esa zona “está sufriendo una reconfiguración” con graves impactos en ríos, bosques y suelos, lo que, a su vez, afecta a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud.
Harold Burbano, de Inredh, acotó que todo esto es producto “del abuso de poder e imposición” cuando esos proyectos fueron concesionados en el Gobierno de Rafael Correa a empresas extranjeras.
“Estos fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y, a pesar de que el mandato minero No.6 de 2008, debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan los mismos”, anotó.
Burbano agregó que hasta ahora “los desalojos que se dieron no han sido reparados” y exigió de la Asamblea que de manera independiente y objetiva atienda los pedidos de amnistía a decenas de moradores que afrontan procesos penales por oponerse a la minería.
Por su parte, el ministro de la Minería, Javier Córdova, respondió que estos proyectos cumplen “con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, precautelando las buenas prácticas e incentivando el progreso local”.