El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció este lunes una «persecución política» en su contra, luego de acudir a la Fiscalía de Guayas, en la ciudad costera de Guayaquil, para rendir su versión libre sobre el sonado caso Petrochina.
Tal como informa RT en español, se trata de una investigación –que se encuentra en etapa de indagación previa– por un posible perjuicio al Estado de 2.200 millones de dólares, producto de la venta anticipada de petróleo a China durante su mandato.
Las indagaciones judiciales sobre el caso, respecto al cual ha venido recopilando información desde 2016 el fiscal Fabián Salazar, se han acelerado en el último mes para recoger las versiones de dos personas: Enrique Cadena Marín, empresario ecuatoriano que presuntamente fungió de intermediario en el transporte del petróleo que salió del país; y el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio, denunciante del caso.
Villavicencio dijo que Correa habría autorizado con su firma ventas anticipadas de crudo a China hasta 2016. El exmandatario rechaza esa acusación y sostiene que firmó «una sola petición, en 2010», y que lo hizo únicamente hasta ese año, cuando una reforma de la ley financiera ecuatoriana proscribió ese tipo de acuerdos. «Queda claro que es mentira», enfatizó.
Correa considera que Villavicencio «está defendiendo empresas norteamericanas», que seguramente «se vieron afectadas por las empresas chinas».
En su declaración a la prensa, defendió el sistema de preventa de crudo, que —según explicó— le permitió al país obtener recursos en condiciones favorables, en momentos en que se desplomaron los precios del petróleo. En las afueras de la sede de la Fiscalía se concentró un gran número de personas, que llegaron para manifestar su apoyo al exmandatario.
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