La «justicia» de Lenín Moreno, en Ecuador, fijó sus ojos ahora en la legisladora Sofía Espín, del bloque político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), como parte de la «investigación» por el caso de Fernando Balda.
El asambleísta Luis Fernando Torres informó que el juez nacional, Iván Saquicela, pidió a la Asamblea Nacional se le levante la inmunidad parlamentaria a Espín.
«El pedido llegó hace 24 horas (…) El levantamiento de inmunidad equivale a la autorización que la Asamblea debe dar para que un asambleísta pueda ser procesado penalmente«, explicó a periodistas.
El órgano tendrá 30 días para responder a la solicitud, pero la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, adelantó que atenderán ese requerimiento «a la brevedad posible».
A Espín la investiga la Fiscalía de la Nación por la visita que realizó en la cárcel a la procesada y testigo protegida Diana Falcón, en el caso que investiga el secuestro de Balda, en 2012, en Bogotá, reseñó Sputnik.
La acusan del delito de tráfico de influencias, pues según Falcón le ofrecieron ayuda de las Naciones Unidas, asilo en Bélgica y dinero para que cambiara su versión y no involucrara a Correa.
La legisladora está fuera del país «cumpliendo compromisos internacionales», niega esas acusaciones y reitera que la visita fue por razones humanitarias.
Esta decisión de la justicia ecuatoriana forma parte de la guerra jurídica que adelantan contra el exmandatario y varias personalidades cercanas durante su mandato. Al exvicepresidente Jorge Glas lo sentenciaron a seis años de cárcel por un presunto caso de corrupción y contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, ordenaron prisión preventiva el pasado 24 de octubre.
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