La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador contra la petrolera Chevron representa un precedente histórico en la lucha de los pueblos y movimientos sociales, debido a que está vez el poder económico no fue suficiente para doblegar el ansia de justicia que tenía un puñado de indígenas y campesinos afectados por los daños ocasionados al medio ambiente por la multinacional de energía.
Chevron, acostumbrada a doblegar a los Estados por su poder político y económico, demandada en diversas partes del mundo por afectación al ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, fue declarada culpable en Ecuador y culminan así 25 años de lucha de quienes asumieron el papel de David en su lucha contra Goliat.
Luego de la primera sentencia en su contra, Chevron solicitó una acción de protección con el objetivo de evitar el pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador por su responsabilidad legal ante la contaminación en la selva de ese país.
Con esta resolución, culminan todos los recursos disponibles en Ecuador dentro de este proceso judicial. En un extenso documento de 151 páginas, la Corte Constitucional detalla la argumentación que la lleva a declarar que “no existe vulneración de derechos constitucionales” y a “negar la acción extraordinaria de protección planteada” por Chevron Corp.
Este fallo es un gran paso para acceder a la justicia, dijo Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT), organización en la que se amparan más de 30 mil afectados y que ha llevado este caso frente a todas las cortes posibles. “Luego de 25 años de lucha, finalmente podemos cerrar este capítulo. Estamos dando pasos firmes para que se nos haga justicia”, dijo el dirigente de la UDAPT.
Según Lucitante, ahora Chevron no puede seguir engañando en otras jurisdicciones, en las que sostiene que la sentencia no es ejecutable porque el juicio no ha terminado en Ecuador, lo que le sirve para solicitar que los procesos de homologación y ejecución de la sentencia se detengan y no se pueda hacer efectiva la obligación judicial, cobrar la deuda y proceder a la reparación de más de 480 mil hectáreas de selva que hasta ahora albergan cientos de tóxicos regados por la petrolera.
Donald Moncayo, subcoordinador de la UDAPT y representante de las comunidades de colonos afectadas por la contaminación, recalcó que no es un triunfo solamente de la organización, sino de cientos de organizaciones y millones de ciudadanos del mundo que luchan por defender la vida y acceder a la justicia.
Recalcó que estos 25 años han sido de aprendizaje, tanto para los afectados como para miles de luchas sociales, que han tomado este caso como un ejemplo para desentrañar las estructuras de impunidad que cobijan a las empresas transnacionales y les permiten violar los derechos humanos de las comunidades donde operan.
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