El gobierno de Donald Trump ha dado un giro drástico al revertir la protección que habría impedido la deportación de 600.000 venezolanos. La medida, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pone en tela de juicio el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y su rol como refugio para quienes huyen de crisis humanitarias.
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un alivio legal que no garantiza una vía hacia la ciudadanía, pero que ha permitido a miles de personas, como los venezolanos, trabajar y vivir en el país sin miedo a la deportación. Sin embargo, el gobierno de Trump ha decidido restablecer el plazo original de expiración para abril de 2025, echando por tierra la extensión autorizada por el gobierno de Biden hasta octubre de 2026.
Noem justificó la revocación bajo el argumento de que la extensión permitía que los beneficiarios del TPS “violaran nuestras leyes”. Esta afirmación, además de ser imprecisa, desvía la atención de la verdadera cuestión: la crisis humanitaria en Venezuela y la falta de soluciones diplomáticas viables para gestionar un posible retorno de los migrantes. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación y convierte esta medida en una jugada política, más que una respuesta concreta a una crisis.
Es preocupante que, mientras otras nacionalidades como los ucranianos, salvadoreños y sudaneses siguen bajo la protección del TPS, los venezolanos sean tratados de manera diferente. Noem no aclaró el destino de los otros grupos protegidos, lo que abre interrogantes sobre la coherencia de las decisiones de este gobierno.
El futuro del TPS bajo el mandato de Trump queda en el aire, y esta revocación pone en alerta a cientos de miles de inmigrantes que han encontrado en este programa una forma de sobrevivir.
Foto: Redes
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