El Gobierno de Estados Unidos dispara a matar cuando se trata de Venezuela. A la presión económica y financiera se le suman ahora restricciones contra las empresas navieras que transportaban los alimentos a la nación sudamericana.
A principios de esta semana, el jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, denunció que la administración de Donald Trump «sancionó a 10 de las 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela».
El funcionario venezolano advirtió que esta medida «ocasiona retraso en la llegada de los rubros al país» y lo que «llegaba en un mes, ahora tarda tres meses”. Lo que afecta directamente la distribución de los rubros que desde 2016 adelanta el Ejecutivo a través del esquema de los Clap para paliar los efectos de la crisis y las sanciones.
“Si no fuera por el Clap, millones de familias estarían en una crisis insostenible gracias a las sanciones de Estados Unidos”, dijo Bernal.
Además, puntualizó que hay 200 personas detenidas por manejo irregular de los alimentos que se distribuyen a través de ese programa social con el que ya se llega a más de siete millones de familias en todo el territorio.
El lanzamiento de los Clap se hizo en marzo de 2016 y, desde entonces, lleva alimentos subsidiados a la población venezolana de todos los estados.
Desde que el 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, se autojuramentó «presidente interino» y puso en marcha la nueva estrategia golpista contra Caracas, poco le ha importado a Washington atacar los sectores más sensibles con su política imperialista.
Este martes, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, denunció que las sanciones económicas de EE. UU. ponen en riesgo la vida de los venezolanos y afectan directamente su sistema de salud.
“Estas medidas causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano, violan en forma total los derechos humanos”, dijo en la 72° Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.
Mencionó que solo en dos bancos europeos Venezuela tiene más de dos mil quinientos millones de euros retenidos. Sin contar la apropiación indebida de la empresa Citgo en EE. UU. con la que se financiaban tratamientos de trasplante de médula ósea para niños venezolanos, refirió una nota de prensa.
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