El ajuste neoliberal en Argentina: quitan pensiones a más de 80 mil discapacitados

El Gobierno de Mauricio Macri en el país trasandino aplicó un decreto de 1997 para suspender pensiones a discapacitados a través de la suma de nuevos requisitos para recibir dicha ayuda económica. En el transcurso del año 2017, se dieron de baja más de 83.000 pensiones no contributivas, marcando el rumbo de las decisiones económicas en contra de los sectores más vulnerables de la población.

El Ciudadano Argentina

14/06/2017 8:03am

La decisión de modificar los requisitos para recibir pensiones por discapacidad y para mujeres con más de siete hijos han generado fuertes repercusiones en la opinión pública en Argentina. A pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri se escuda, una vez más en que el recorte es necesario para contrarrestar un supuesto «despilfarro del kirchnerismo», parece estar alineado con la política de ajuste económico que viene llevando a cabo desde el inicio de su gestión en el país trasandino.

Tal como informa La Primera Piedra, la polémica comenzó cuando se conoció que el gobierno utilizó el decreto 432, aprobado en el año 1997 durante el mandato de Carlos Menem, para modificar los criterios para otorgar pensiones por discapacidad. A través de este decreto, que nunca se había utilizado en el pasado, se limita a los beneficiarios de ayuda económica según sus bienes y también los ingresos de su núcleo familiar.

De esta forma, se suspendieron las pensiones de todos aquellos discapacitados que tengan algún ingreso o bien a su nombre y de cuyos cónyuges o padres reciban un ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas. A partir de la aplicación de este decreto, miles de personas fueron afectadas sin previo aviso y perdieron un sostén necesario para poder enfrentar los gastos que conlleva convivir con una discapacidad.

En las redes sociales comenzaron a compartirse historias de familias que, por contar con un miembro que aporta un sueldo de más de 19.000 pesos al núcleo familiar, fueron negadas de un día para el otro de la ayuda económica del Estado. Entre enero y los primeros días de junio, 83.133 casos fueron dados de baja o suspendidos, de acuerdo a los datos que accedió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El vive con cuadriplejia y CAMBIEMOS le sacó su pensión de $4.000 por discapacidad porque su papá tiene un salario de $22.000. pic.twitter.com/MlD6tskMnT

— Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) June 12, 2017

Al ser consultados por la imprevisibilidad de esta decisión, el gobierno aclaró que muchos casos deberán ser revisados pero afirmaron que no pueden “adelantarse a todo”. La mayoría de las familias no fueron notificadas por el Ministerio de Desarrollo Social directamente, sino que se enteraron en el banco al no poder cobrar el monto correspondiente a su pensión mensual. A pesar de haber aclarado que las pensiones se devolverán en los casos que consideren necesarios, este mes las familias deberán encontrar otra forma de pagar los tratamientos y los medicamentos que necesitan.

“En efecto –continúa el informe-, no hay previo aviso, ni pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial. Tampoco se producen cruces con los registros de Anses y no hay pedidos de corrección de Actualización de Datos Personales (ADP). Todos estos mecanismos son parte de un procedimiento que debería seguirse antes de tomar la decisión unilateral de impedir el cobro y suspender el derecho”, señala CEPA.

Si bien el revuelo que causó esta medida obligue a dar un paso atrás o, al menos, a rever la situación, esta es una clara señal de la falta de escrúpulos que puede llegar a tener el neoliberalismo cuando tiene a los grandes grupos económicos y medios de comunicación apoyando un plan de ajuste.