La decisión de Nayib Bukele de cerrar Chivo Pets, el hospital público para mascotas que su gobierno inauguró hace tres años, refleja una vez más la errática política pública del presidente salvadoreño. Este centro, creado con bombos y platillos como una muestra de modernidad y bienestar animal, se convirtió rápidamente en un objetivo de críticas debido a su percepción de ser un servicio exclusivo para una élite económica, en lugar de un beneficio accesible para toda la población.
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A pesar de haber sido financiado, en parte, con las ganancias obtenidas por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, Chivo Pets no logró el impacto positivo esperado entre la ciudadanía. La atención veterinaria gratuita, que en principio parecía ser un paso significativo para el cuidado de los animales, terminó siendo vista como un proyecto que se alejaba de las necesidades reales de la mayoría de los salvadoreños. Lejos de ser una iniciativa que impactara positivamente en la vida de los animales y sus dueños, se transformó en una muestra más de las contradicciones de un gobierno que a menudo se presenta como un defensor de las mayorías, pero que en la práctica no logra conectar con ellas.
El cierre de Chivo Pets no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una serie de decisiones impulsivas que, lejos de fortalecer el sistema de bienestar animal, han generado más caos y desconfianza. Junto con el cierre del hospital, Bukele ordenó la disolución de entidades clave como el Instituto de Bienestar Animal y la unidad Polipet, encargada de combatir el maltrato animal. Estos movimientos no parecen más que una forma de eludir responsabilidades, dado que las instituciones responsables de la protección animal estaban operando bajo el marco de su administración.
El desmantelamiento de estas instituciones, y la destitución de su personal, no es una solución a los problemas que enfrenta el país en términos de bienestar animal. Al contrario, es un intento por desentenderse de los fallos de gestión y responsabilidad que han sido parte del sello de este gobierno. Los refugios municipales, ahora obligados a transferir su administración a organizaciones especializadas, no parecen ser la respuesta a un problema que va más allá de la falta de recursos: es un problema estructural de gestión, desorganización y falta de interés real en la protección de los animales.
El reciente escándalo en torno al refugio de Ilopango, gestionado por el alcalde de San Salvador, José Chicas, también resalta las deficiencias en el sistema. Aunque la Fiscalía concluyó que no existían pruebas de maltrato directo por parte del alcalde, la falta de supervisión en el refugio puso en evidencia una grave negligencia que refleja la poca importancia que el gobierno le otorga al bienestar animal. En lugar de abordar de manera seria y profunda las fallas en la gestión de estos centros, Bukele opta por una solución superficial: desmantelar las instituciones y repartir los recursos sin una planificación adecuada.
El cierre de Chivo Pets y la reforma a las políticas de bienestar animal no solo dejan una sensación de desorden, sino que también plantean serias dudas sobre las prioridades del gobierno. Si bien Bukele ha sido hábil en presentar proyectos que lucen innovadores y de gran impacto, la falta de sostenibilidad y el desconcierto generado por sus decisiones demuestran que el gobierno sigue siendo incapaz de implementar políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de la mayoría de los salvadoreños. En lugar de fortalecer los sistemas de bienestar y protección animal, ha optado por una solución fácil, pero peligrosa: cortar de raíz, sin ofrecer una visión a largo plazo que garantice el cuidado y la atención que los animales merecen.
Foto: El Ciudadano
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