El gobierno de Macri tuvo que defender ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los cambios en la Ley de Medios

El gobierno de Macri defendió ante la Comsión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la decisión de derogar por decreto aspectos de la Ley de Medios, la cual había sido aprobada por mayoría en el Congreso y debatida con amplios sectores de la sociedad.

La medida de derogarla de hecho mediante decretos y no a partir de debate con los involucrados que fue criticada por referentes de la comunicación durante una audiencia realizada hoy en Washington en la que criticó políticas de los gobiernos anteriores.

Por el Gobierno nacional llevaron adelante esa posición el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, junto con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; así como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, informa Terra Noticias. Además, también estuvo presente Silvana Giudici, directora del ENACOM, que no hizo uso de la palabra.

Avruj afirmó que el presidente Mauricio Macri está comprometido con «el pleno ejercicio de la libertad de expresión» en el país, aunque hasta el momento no haya ninguna medida que haya ido en esa dirección. Además, agregó que Argentina vivió una «grave situación» durante los últimos seis años en esa materia, al tiempo que cuestionó distintas acciones del gobierno anterior, como la forma de distribución de pauta oficial.

También dijo que se había montado un «enorme montaje de propaganda política» y advirtió que «durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la política de medios y relación con la prensa estuvo dirigida a la hegemonía comunicacional por sobre la libertad de voces», relata el portal Terra Noticias.

Avruj destacó que «el presiente Mauricio Macri ha dejado de usar la cadena nacional como una herramienta política» y destacó que brinda entrevistas a periodistas, a diferencia de su antecesora. Por su parte De Godoy se mostró de acuerdo con «reunirse con cada uno de los peticionarios para escucharlos» y señaló que en la gestión de Mauricio Macri ningún funcionario «va a romper un periódico en una conferencia de prensa».

Del lado querellante, las entidades de la Sociedad Civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom) y algunas otras organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), cuestionaron duramente las políticas de medios del Gobierno.

Aseguraron que se avanza hacia la «concentración» de medios privados a partir de las políticas actuales y advirtieron que no era motivo de la audiencia discutir las acciones del gobierno anterior.

Hablaron de «efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante porque agrava la concentración y con la creación del ENACOM completa una gubernamentalización de las políticas con discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo», según indicó el experto Martín Becerra.

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En la audiencia, el titular del CELS, Horacio Verbitsky señaló que las políticas actuales «benefician a las grandes empresas en detrimento de las derechas» y «dejan como principales protagonistas a los grandes medios y el gobierno de turno».

En tanto, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, advirtió que el ENACOM tal como funciona y fue creado a su juicio no respeta «estándares» adecuados en materia de libertad de expresión. Reiteró sus «preocupaciones sobre medidas ya adoptadas» y pidió realizar «modificaciones» y «construir una regulación en línea con los estándares interamericanos».

Por último, Lanza advirtió que «como está hoy diseñado el organismo regulador no cumpliría con los estándares» pautados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo se resolverá este caso?