El pago millonario de EE. UU. a Bukele por cada deportado recibido en prisiones de El Salvador

El Salvador se convierte en un "nuevo Guantánamo" al recibir deportados de EE. UU. en condiciones de alta controversia

El pago millonario de EE. UU. a Bukele por cada deportado recibido en prisiones de El Salvador

Autor: El Ciudadano México

En la última operación de deportación, 261 migrantes fueron trasladados desde Estados Unidos a El Salvador, donde, tras ser bajados de un avión bajo estrictas medidas de seguridad, fueron confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una mega cárcel que se ha convertido en un símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Este movimiento, que ha causado controversia internacional, se da en un contexto de estrecha relación entre El Salvador y la administración de Donald Trump, y ha generado opiniones divididas sobre sus implicaciones para la seguridad y los derechos humanos en el país centroamericano.

Véase también: Nayib Bukele insiste en comprar Bitcoin para reserva estratégica de El Salvador

Entre los deportados, se encontraban 238 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de los detenidos ni pruebas de su vinculación criminal. Este operativo, que se realizó poco después de que un juez estadounidense suspendiera temporalmente la deportación, pone en evidencia la cercanía de Bukele con la administración Trump, quien ha elogiado el firme enfoque de seguridad de El Salvador y el trato a los deportados.

Una de las motivaciones más claras de Bukele es la compensación económica que recibiría El Salvador. Según fuentes oficiales, el gobierno salvadoreño recibiría pagos de Estados Unidos por cada deportado que sea mantenido en prisión, con un monto aproximado de 20.000 dólares por persona al año, lo que se traduciría en un beneficio económico de alrededor de 6 millones de dólares para El Salvador.

Además, Bukele ha subrayado que esta operación ayudará a financiar el sistema penitenciario nacional, cuyas inversiones y gastos ascienden a 200 millones de dólares anuales. Este acuerdo, que podría extenderse por varios años, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema carcelario y continuar con el Programa Cero Ocio, que involucra a los más de 40,000 prisioneros de El Salvador en actividades productivas.

El acuerdo entre Bukele y Trump también ha sido criticado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han denunciado la falta de transparencia en el trato a los deportados y las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. Human Rights Watch ha expresado su preocupación por el hecho de que los deportados no tienen acceso a recursos legales ni a comunicación con el mundo exterior, lo que podría implicar violaciones a sus derechos fundamentales.

El régimen de excepción de Bukele, que lleva en vigor desde hace tres años, ha sido acusado de violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en las cárceles. A pesar de la preocupación internacional, el presidente salvadoreño ha defendido su enfoque de «mano dura» contra las pandillas, argumentando que ha sido efectivo para reducir los homicidios en el país.

Más allá del ámbito de seguridad y los beneficios económicos inmediatos, el acuerdo con Trump también tiene implicaciones políticas a largo plazo. Según analistas internacionales, Bukele ha consolidado su relación con el gobierno estadounidense, lo que podría significar una protección frente a las críticas de la comunidad internacional sobre su gobierno autoritario. Esto incluye el silenciamiento de preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos en El Salvador, a medida que Bukele se aleja de las políticas tradicionales de la región y se acerca a una agenda más alineada con los intereses de la derecha estadounidense.

Sin embargo, algunos expertos señalan que este pacto también podría ser perjudicial para El Salvador a largo plazo, al involucrar al país en un ciclo de violencia y represión que podría dañar la reputación internacional de Bukele, además de exacerbar las tensiones internas por la falta de transparencia y el uso del sistema judicial para fines políticos.

El destino de los deportados, el futuro de la relación entre El Salvador y Estados Unidos, y el impacto en la seguridad y los derechos humanos en la nación centroamericana siguen siendo inciertos. Aunque Bukele ha logrado posicionarse como un aliado estratégico de Trump, las dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de este acuerdo podrían seguir acompañando a su administración en los próximos años. La comunidad internacional, por su parte, observa con atención las consecuencias de esta «alianza geopolítica» y su impacto en el bienestar de los ciudadanos salvadoreños.

Foto: El Ciudadano

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