La suspensión del decreto 883, que incluye la eliminación del subsidio sobre el combustible, es apenas un logro dentro del escenario que enfrenta el pueblo ecuatoriano, mientras Lenín Moreno aprovecha el momento para arreciar su persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana
Tras 11 días de intensas protestas que dejaron al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1.192 detenidos, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este domingo que acordó con el movimiento indígena dejar sin efecto el polémico Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. El nuevo decreto que sustituirá al 883 prevé un cambio en el tema referente a la gasolina.
Producto del diálogo que se estableció con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ambas partes resolvieron establecer una comisión para crear un nuevo decreto, lo que supone tan solo un paño de agua fría dentro del escenario que enfrenta el pueblo ecuatoriano con respecto al paquetazo neoliberal pactado por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En febrero pasado, Moreno acordó con el FMI un crédito por 4.209 millones de dólares, con desembolsos en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados, a cambio de la aplicación de medidas de austeridad que atentan contra el pueblo ecuatoriano.
Como consecuencia del pacto con el FMI, el Gobierno había decidido eliminar el subsidio a los combustibles, por un monto anual de 1.300 millones de dólares, que rigió por más de 45 años. Con esta medida, las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras que el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, lo que supuso un aumento del 123 %, un hecho que encendió la llama y provocó las protestas en todo el país.
Aunque Moreno decidió finalmente recular y dejar sin efecto la suspensión del subsidio, no anunció cambios en otras medidas contempladas en el 883 y que afectan a los trabajadores públicos.
Entre estas medidas figuran una baja de salarios de hasta 20 % en contratos temporales del sector público, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y el aporte de un día de salario mensual.
Sobre el proyecto de ley que se enviará a la Asamblea Legistativa, Moreno indicó que se “analizará” (no se derogará) la reducción de sueldos y recorte de vacaciones a funcionarios públicos.
Incluso, el propio Mandatario reconoció que el acuerdo alcanzado significó “sacrificios de cada una de las partes”, que en este caso será la fuerza laboral ecuatoriana.
Para tratar de apaciguar las aguas, anunció que se implementará un bono de 20 dólares mensuales que el sector privado deberá pagar a sus empleados y que además en el proyecto de ley, que se enviará a la Asamblea, “se incluirán impuestos para grandes empresas para que aquellos que más ganan también sean quienes más contribuyan al país”.
Asimismo, expresó que nuevo decreto asegurará «que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan».
Sin embargo, los movimientos indígenas están atentos a que el Ejecutivo cumpla con lo prometido y no traicione otra vez la confianza del pueblo, que decidió pausar las protestas para alcanzar un acuerdo.
En un video difundido por el periodista Marco Teruggi, corresponsal de Telesur en Ecuador, a través de su cuenta en Twitter, se puede apreciar la tensión de varios representantes indígenas presentes en la mesa de diálogo ante la intención del Gobierno de Lenín Moreno de aplicar “maquillaje” a la derogación del 883.
Represión contra el pueblo
A pesar del cerco mediático, dentro y fuera de las fronteras de Ecuador, durante los 11 días de protestas fue más que evidente la represión y violencia ejercida contra el pueblo por los cuerpos de seguridad del Estado.
El Mandatario decretó un estado de excepción, que incluyó la suspensión de garantías individuales de los ecuatorianos, como el derecho al libre tránsito, reunión y asociación; y a través del cual se prohibieron las manifestaciones antigubernamentales.
El estado de excepción facultó a Moreno para aumentar el número de policías y militares en las calles y ordenó que arremetieran, incluso con fuerza letal, contra los miles de manifestantes que tomaron las calles del país suramericano en defensa de sus derechos.
Mientras, la Coordinadora Ecuatoriana de Contrainformación denunció que 57 periodistas habían sido agredidos por la policía, otros 13 fueron encarcelados, nueve medios de comunicación resultaron intervenidos y se apresaron a 26 políticos.
Todo estas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que fueron registrados en decenas de videos publicados en redes sociales, ocurrieron bajo la mirada cómplice de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el presidente estadounidense, Donald Trump, los países del Grupo de Lima y de la Unión Europea.
La línea dictada por Washington fue respaldar a Lenín Moreno, su paquetazo neoliberal y su arremetida contra los manifestantes, a quienes se les tildó de saqueadores, violentos y vándalos.
Persecución al correísmo
En medio de su incapacidad para gobernar y con el objetivo de ocultar su traición al pueblo ecuatoriano al pactar y someterse a los designios neoliberales del FMI; Lenín Moreno decidió responsabilizar de la crisis que atraviesa su país al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas”, llegó a decir para tratar de evadir su responsabilidad.
Moreno no se limitó a culpar a Correa, sino que aprovechó el estado de excepción para arreciar su persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente.
Durante la madrugada del lunes, las fuerzas policiales detuvieron a la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, quien había sido acusada días atrás por el Gobierno de Moreno de ser una de las instigadoras de las movilizaciones y protestas que se realizaron en varias ciudades.
Tras esta acusación, la mandataria regional intercambió palabras con la ministra del Interior, María Paula Romo, a través de Twitter.
«Usted y su gobierno me han acusado sin pruebas. En el momento que la Fiscalía Ecuador requiera, estaré dispuesta a dar mi versión, no le tengo miedo a su régimen de represión y persecución. El que nada debe nada teme», le dijo Pabón a Romo.
Según la Fiscalía ecuatoriana, durante el allanamiento de la vivienda y el arresto de Pabón «se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación«.
En su cuenta en Twitter, la prefecta denunció: «Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma».
Incluso, en redes sociales circula un video del momento del arresto, justo en el que un funcionario le informa que su detención tiene «fines investigativos» y ante lo cual, la prefecta respondió: «Estaré donde la justicia me pida para investigar, esta es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política en Ecuador».
Las autoridades también detuvieron a la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, quien «casualmente» es militante de la Revolución Ciudadana.
Según la Fiscalía, la medida de prisión preventiva se dictó «por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones«.
Adicionalmente, la Policía de Ecuador allanó el lunes la casa del exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.
El pasado sábado 12 de octubre, el exasambleísta denunció ante la agencia Sputnik que el Gobierno de Ecuador está realizando una persecución contra todo aquel que se oponga a sus mandatos.
“La realidad va quedando al desnudo; la teoría de conspiración que quiere imponer el Gobierno se les cae y lo increíble es cómo se prestan para repetirla una y otra vez mientras cometen arbitrariedades y persecución contra las personas que se oponen a sus mandatos”, dijo a la agencia de noticias rusa.
“Yo no tengo problema que mañana me aprendan y, ojalá siguiendo el debido proceso, demuestren la conspiración. Ya tenemos denuncias por incitación, sabotaje y terrorismo, y cuando me cite la Fiscalía, concurriré, pero si no son capaces de dar pruebas, exigiré que, aún con mayor fuerza, renuncie el Presidente y la ministra de Gobierno, María Paula Romo”, agregó.
Según el portal de noticias local Primicias, Hernández está refugiado en la embajada de México en Ecuador, al igual que la asambleísta Gabriela Rivadeneira.
Ante esta persecución política, el líder indígena Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), dejó claro a las autoridades que la lucha contra el ‘paquetazo’ fue del pueblo en general, liderada por los indígenas.
«Señores del Gobierno, no subestimen al movimiento indígena, debemos dejar de echar la culpa al correísmo«, afirmó.
Mientras todo eso sucede, este martes las calles de Ecuador están en una tensa calma y «por el momento» las protestas han cesado a la espera de que Lenín Moreno derogue finalmente el decreto 883 y deje de arremeter contra el pueblo con las medidas neoliberales dictadas por el FMI.
¿Cumplirá Moreno o una vez más traicionará a los ecuatorianos? No olvidemos que la llama de la protesta popular está encendida.
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