El Salvador incumple con garantías de víctimas del conflicto armado

El Salvador ha incumplido las obligaciones emanadas de la derogatoria de la Ley de Amnistía ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Ahora el congreso del país centroamericano tiene un año para promulgar un instrumento legal de reconciliación nacional y asistencia a las víctimas del pasado conflicto armado.

Han transcurrido dos años desde que se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 -que perdonaba a crímenes de lesa humanidad- con lo que se mandó al Estado a realizar acciones en favor de las víctimas de la guerra civil de los años 80. En seguimiento a ello, la Corte señaló el incumplimiento de estas obligaciones y mantiene al país al margen de la justicia para los afectados.

Organizaciones de derechos humanos han llevado demandas ante el sistema de justicia por crímenes de lesa humanidad. Lamentan que la Fuerza Armada niegue el acceso a archivos militares de la época.

Los gobiernos de entonces procedieron a perseguir a dichas organizaciones, a reprimir a sindicalistas, maestros, estudiantes universitarios y de secundaria, sacerdotes y catequistas, y a realizar fraudes electorales.

El conflicto dejó más de 75 000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles. Duró 12 años y finalizó en 1992. La Corte estableció también que la Fiscalía y el Ejecutivo han incumplido sus obligaciones.

El temor de las víctimas y organismos de derechos humanos es que el Congreso apruebe una ley de reconciliación que no proteja adecuadamente los derechos a verdad, justicia y reparación.