Las delegaciones del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informaron que la Mesa de Diálogo pautada para principios de esta semana se pospuso para el próximo viernes 15 de junio, en un acuerdo mutuo alcanzado en la víspera del inicio del sexto ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba, el día 20 del mismo mes.
De igual manera, el grupo insurgente anunció «un cese al fuego unilateral», entre el 15 y 19 de junio, días entre los cuales se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, evento clave para la continuidad de las negociaciones de paz.
«Hemos decidido decretar una nueva suspensión de nuestras operaciones militares a partir de las 0 horas del viernes 15 de junio hasta las 24 horas del martes 19 de junio”, para facilitar la participación ciudadana en los comicios, dijo el ELN en Insurrección, una revista en línea. Recordemos que ya habían implementado la misma medida en mayo, durante la primera vuelta electoral.
ELN frente a las elecciones
El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que que el candidato del uribismo, Iván Duque, «desconoce la agenda de conversaciones pactada con el Gobierno, lo que significa que no está interesado en la participación de la sociedad en la construcción de la paz, en la democratización que necesita el país, en las transformaciones imprescindibles para que no haya razones de un alzamiento armado”.
Asimismo, criticó a Duque por pedir “una demostración clara a los colombianos de que quieren desmovilización, desarme y reinserción genuinos”, ya que, a juicio de Beltrán, «el ELN ha dado suficientes demostraciones».
Por último, refirió que «independientemente del resultado del 17 de junio, Colombia sale ganando con la consolidación de una fuerza política alternativa dedicada a promover la democratización y la paz”.
¿Es posible la paz sin cumplir los Acuerdos?
El informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP) informó recientemente que, hasta enero, sólo se había cumplido el 18% de lo pactado en el primer año de negociaciones.
Según el documento, la mayoría de los incumplimientos eran responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso. Asimismo, denuncian que aún se mantiene el marco de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, acciones “que ponen en entredicho las garantías de participación de las comunidades”.
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