Dos meses fueron suficientes para que el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, demostrara -con claras y certeras acciones- ser el vasallo más complaciente del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.
La claridad en las acciones de Moreno contra el pueblo ecuatoriano, el modelo de progreso que dejó su antecesor Rafael Correa y la unidad e integración latinoamericana, han dejado evidencias claras de su servilismo a los intereses de Washington, sobre todo tras la reunión que sostuvo el 27 de junio pasado con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.
Desde entonces Moreno, quien llegó a la jefatura de Estado gracias a los votos conseguidos por las fuerzas de la Revolución Ciudadana y el apoyo a todas luces que le brindó a su campaña presidencial Rafael Correa, se ha dedicado a aplicar una serie de políticas de corte neoliberal dentro de Ecuador y ha dado un giro a la relaciones del país meridional con Suramérica para anclar su mirada hacia el Norte.
Uno de los primeros golpes -tras su encuentro en Quito en el Palacio de Carondelet con Mike Pence- fue contra la unidad suramericana. El 6 de julio Moreno informó sobre su decisión de arrebatarle a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) su espacio de encuentro.
Ésta sede fue inaugurada en diciembre de 2014 por el gobierno de Rafael Correa. Llevaba por nombre Néstor Kirchner, su primer Secretario General y uno de los líderes suramericanos que encabezó la constitución del bloque junto a Hugo Chávez (Venezuela), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Pepe Mujica (Uruguay), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), entre otros.
“Unasur fue una buena idea”, dijo en ese momento Moreno sobre la Unasur, instancia creada en 2004, con el propósito de fortalecer la integración, cultura, identidad y unidad regional de los pueblos suramericanos, donde habitan más de 400 millones de personas.
Desalojo a la Unasur
La medida de desalojo de Moreno contra la sede de Unasur se tomó sin antes consultar a los países miembros del bloque bajo el argumento de que el organismo “no está cumpliendo ninguna tarea”.
Borrar la estructura física de Unasur -símbolo de la unidad que alcanzaron las fuerzas progresistas en la región hace al menos una década- es un golpe más contra la integración suramericana que en los últimos años se ha visto debilitada por el resurgimiento de gobiernos neoliberales que luego de sabotear la realidad política y social con apoyo mediático y noticias falsas, se han establecido a través de golpes parlamentarios y persecuciones judiciales amañadas contra los líderes de izquierda en la región.
El boicot contra Unasur se radicalizó en abril pasado cuando los gobiernos de derecha de entonces en Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Michel Temer –mandatario de facto-), Chile (Sebastían Piñera), Colombia (Juan Manuel Santos), Paraguay (Horacio Cartes) y Perú (Martín Vizcarra, sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció por sus implicaciones con casos de corrupción), decidieron -cuando Bolivia asumía la Presidencia Pro Témpore- abandonar el bloque “por tiempo indefinido”.
La excusa de estos países fue que no habían logrado un acuerdo para definir al Secretario General del organismo, cargo que está vacío desde enero de 2017 cuando el colombiano Ernesto Samper lo dejó.
Las posturas más recientes contra la Unasur se han radicalizado. Por ejemplo, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque -ficha de Álvaro Uribe Vélez-, informó que su país abandonará el bloque, esto tras sostener en Washington reuniones con el vicepresidente Pence; mientras que Mario Abdo Benítez, un exmilitar y empresario conservador vinculado directa y estrechamente a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 – 1989), que asumió como nuevo mandatario de Paraguay dijo que la región “debe pensar en otra forma de integración”.
“Paraguay será protagonista activo en la construcción de una verdadera integración regional (…) con respeto a las autonomías de cada país pero basadas en los intereses comunes”, expresó el llamado heredero de la dictadura stronista.
Marcar distancia con Venezuela y el ALBA
Otra indicación que ha cumplido Lenín Moreno a cabalidad es el rompimiento de las relaciones con Venezuela y con el bloque de países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El pasado viernes 24 de agosto el gobierno de Moreno, que se había mantenido bajo perfil sobre la coyuntura que vive Venezuela producto del bloqueo económico que le impuso EEUUy que ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos, dejó clara su posición diplomática al calificar -a través de un comunicado- al gobierno del Presidente, Nicolás Maduro, como “una administración irresponsable e inhumana”, misma línea editorial utilizada por la Casa Blanca, que es replicada por sus gobiernos aliados en el continente y en Europa.
La radicalización del régimen de Moreno contra Venezuela se evidenció primero, el jueves 23 de agosto, cuando anunciaron su salida del ALBA como parte de las medidas que ha auspiciado EEUU para ejercer “mayor presión” contra Venezuela y que tiene como objetivo “la salida» de Maduro del Poder Ejecutivo.
Además, su salida del ALBA -organismo integrador propuesto por Hugo Chávez- refleja la clara intención de Moreno de desconectar a Ecuador de todo tipo de mecanismo de integración regional que no sea complaciente a los intereses estadounidenses.
La “justicia” en manos del vasallo
Las acciones de Moreno también son dirigidas hacia lo interno, sobre todo para borrar del mapa político a su principal amenaza, el expresidente Rafael Correa.
Para ello, el jefe de Estado -quien también fue Vicepresidente de Correa- creo un mecanismo para controlar a su antojo todo el sistema judicial de Ecuador, a través del Consejo de Participación Ciudadana CPC, mecanismo que actúa a su antojo para allanar el camino que entre otras cosas permiten ejecutar la persecución judicial contra Correa.
Por ejemplo, este CPC ya ha ejecutado medidas unilaterales como la remoción de nueve jueces de la Corte Constitucional, designó al nuevo procurador de la Nación y cesó en sus funciones a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, decisiones que ponen en jaque a las instituciones.
Así lo ratifica Virgilio Hernández, coordinador de los equipos jurídicos que defienden a Correa ante la persecución judicial que adelanta el gobierno de Moreno en su contra, donde intentan vincularlo a un supuesto secuestro ocurrido en Colombia que habría sido ejecutado por efectivos policiales ecuatorianos a Fernando Balda, un prófugo de la justicia ecuatoriana involucrado a delitos de corrupción.
Hernández -entrevistado por el Tiempo Argentino- explica que la situación provocada por Moreno en Ecuador ha provocado que el país esté “viviendo completamente al margen del Estado de Derecho. El CPC actúa como un organismo al margen de la Constitución porque se ha constituido en un Tribunal especial».
«El presidente del CPC, Julio César Trujillo, ha señalado que, de existir contradicciones entre una resolución del CPC y la Constitución, prevalece su resolución a la norma constitucional. Y todo esto es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación que permiten esta serie de arbitrariedades con el único objetivo de garantizar la persecución política a Rafael Correa y también a quienes nos consideramos, más que correístas, parte de la Revolución Ciudadana», expuso Hernández en diálogo telefónico con el Tiempo Argentino.
El CPC es una instancia de contralor creada tras la reforma Constitucional que Correa impulsó en 2007. Pero una “consulta” realizada en febrero por el gobierno de Moreno, permitió al Ejecutivo reemplazar y nombrar a los nuevos consejeros, lo cual motivó el alerta de muchos dirigentes por considerar que podía dar lugar a arbitrariedades, como las actuales, explica el medio argentino.
«Este Consejo podrá destituir y sustituir a la Corte Constitucional, fiscales, defensor público, jueces, el Consejo Nacional Electoral, y le quita la potestad exclusiva a la Asamblea Nacional de fiscalizar. Se acabó la división de poderes, lo que conocemos como democracia», declaró Correa un día antes de la consulta a este medio.
La anulación política de Correa es clave para evitar el resurgimiento de las fuerzas progresistas en toda Latinoamérica.
Golpe a la libertad de expresión y paquetazo neoliberal
Para las fuerzas progresistas leales a Correa y la Revolución Ciudadana, la traición de Moreno se concreta con el reciente «paquetazo neoliberal» que ejecutó contra el pueblo ecuatoriano, donde elimina el subsidio y aumenta el precio de los combustibles, cierra medios de comunicación del Estado, despide trabajadores públicos, implementa la tercerización de contratos, abre las puertas a las privatizaciones, elimina las partidas sociales, cierra de empresas públicas, embajadas y consulados, así como ministerios e instituciones creadas para favorecer la atención social de la población.
«Está muy clara toda la conspiración contra el país y contra lo que significó la Revolución Ciudadana. La política económica anunciada significa volver a las viejas recetas, a los cánones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al mismo tiempo se condonan 4 mil millones de dólares a empresarios que han sido inescrupulosos. Es una jugada de las élites oligárquicas de este país con los poderes transnacionales», señaló Hernández en la entrevista concedida al Tiempo Argentino.
Por ejemplo, el pasado viernes 17 de agosto ejecutó el cierre de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES) creada en 2009 por el gobierno de Correa, y que fue cerrada para para dar sus recursos al diario El Telégrafo, un diario tradicional fundado el 16 de febrero de 1884, que es controlado por el gobierno y que integra la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asociación que tiene su sede principal en Miami, Florida.
Además también cerrará el diario El Ciudadano, un medio que creó el gobierno de Correa en abril de 2008 y que tenía como misión difundir todas las acciones emprendidas por la Revolución Ciudadana para solventar los requerimientos del pueblo.
Sobre las medidas económicas del régimen de Moreno, el diario El Comercio de Ecuador informó que el pasado jueves hubo movilizaciones en contra en la ciudad de Quito, donde integrantes de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) ratificaron una convocatoria de marcha nacional para el 20 de septiembre.
Edwin Bedoya, dirigente de la Cedocut, denunció que con estas medidas Moreno privilegió el bienestar de los empresarios por encima de los trabajadores. La misma postura la tiene la dirigencia indígena, que en voz de la asambleísta Encarnación Duchi expresaron su rechazo al alza del precio al combustible y los beneficios para las empresas.
Por su parte, el excanciller de Ecuador, Ricardo Patiño, denunció a través de la red social Twitter que es evidente como Lenín Moreno -a quien calificó de traidor- es complaciente a Donald Trump y los intereses de EEUU.
“El gobierno de Lenín trajo una base militar “itinerante” de Estados Unidos, pidió a Unasur que devuelva la sede que el gobierno de Rafael Correa construyó, amenaza expulsar a Julian Assange de la embajada en Londres, se retira del ALBA, ¿Qué otra orden de Estados Unidos le falta de cumplir?”, denunció Patiño.
El excanciller ecuatoriano recalcó que ante la intención de tratar de imponer nuevamente el neoliberalismo en América Latina y el Caribe, las fuerzas progresistas y de izquierda no tienen otro camino que la unidad y el diálogo. “Sentimos la responsabilidad, porque sugerimos su nombre (Lenín Moreno), pero nunca pensamos que algo así sucedería”, subrayó.
EEUU ordena y Ecuador obedece
El diario estadounidense New York Times (NYT) publicó un trabajo especial el domingo 8 de julio, donde demuestran como Ecuador, bajo la administración de Lenín Moreno, es un país servil al dictamen de Washington.
Prueba de ello fue la posición asumida por Ecuador en Ginebra, Suiza, en la Asamblea Mundial de la Salud, donde su delegación se colocó en contra de centenares de delegados de Estados y gobiernos que esperaban aprobar sin mayor complicación una resolución para alentar la lactancia materna y limitar la comercialización inexacta o engañosa de productos que pretenden sustituir a este alimento natural.
En esa publicación, se describe como la delegación de EEUU, que defiende los intereses de los fabricantes de fórmulas para lactantes y se niega a la resolución a favor de la lactancia materna, porque insta a los gobiernos a “proteger, promover y apoyar la lactancia materna” y pide a los políticos restringir la promoción de productos alimenticios que de acuerdo a diversos estudios científicos realizados por varias décadas, tienen efectos nocivos a la salud de bebés y niños.
“Funcionarios estadounidenses buscaron diluir la resolución (…) Cuando eso falló, recurrieron a las amenazas, de acuerdo con diplomáticos y funcionarios del gobierno que participaron en las discusiones. Ecuador, que había planeado introducir la medida, fue el primero en encontrarse en el punto de mira. Los estadounidenses fueron directos: si Ecuador se rehusaba a rechazar la resolución, Washington desataría sanciones comerciales y retiraría la ayuda militar crucial. El gobierno ecuatoriano rápidamente accedió”, cita el despacho del NYT.
“Lo que sucedió fue chantaje, con Estados Unidos reteniendo al mundo como rehén e intentando anular casi 40 años de consenso sobre la mejor manera de proteger la salud de bebés y niños pequeños (…) Estábamos asombrados, horrorizados y entristecidos”, expresó Patti Rundall, directora de política del grupo de defensa británico Baby Milk Action, quien asistió a las reuniones de la asamblea, citada por NYT.
Desde ese encuentro efectuado con Pence en Quito, sede del Gobierno y residencia oficial del presidente de la República del Ecuador, la realidad política del país meridional se ha visto marcada por el entreguismo de Moreno para cumplir con la agenda estadounidense, misma que es aplaudida por los empresarios, la derecha tradicional ecuatoriana y los que traicionaron al partido Alianza País que ahora ocupan puestos claves en el gobierno.
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