El Tribunal Supremo de Brasil aprobó que la discriminación contra el colectivo LGTBI sea considerada un delito, con una pena de hasta 5 años de prisión. La votación se realizó la noche de este miércoles y contó con ocho votos de los 11 jueces.
Ricardo Lewandowski, uno de los jueces que votó a favor, destacó que la criminalización de la homofobia es algo «simbólico», y añadió que «la ley puede mucho», pero «no puede todo», en referencia a que son necesarios cambios culturales.
El colectivo LGTBI brasileño, a través de asociaciones de la sociedad civil, recurrió al Supremo alegando que el poder legislativo estaba siendo caso omiso, por no haber producido ninguna ley en este sentido en los últimos 20 años.
La recepción de los jueces del Supremo fue positiva y optaron por que, de momento, la homofobia se encuadre en los supuestos que prevé la Ley de Racismo, porque sería la forma más rápida de dar una solución a las inquietudes del colectivo.
La Ley de Racismo existe en Brasil desde 1989, prácticamente desde que se recuperó la democracia, y prevé penas de uno a seis años de cárcel, reseñó Sputnik.
Parlamento hace lo suyo
En mayo pasado, una comisión del Senado brasileño sacó adelante una propuesta de ley para criminalizar la homofobia. Pero realmente esta propuesta venía con otro sentido, lo que intentaban era anticiparse en el último momento a los jueces, para aprobar un texto más alineado a sus intereses.
El proyecto de ley planteado prevé castigar los delitos de homofobia, pero abre una excepción para las iglesias, donde los pastores evangélicos más radicales podrían seguir propagando discursos de odio sin miedo a ser penalizados. Este sector religioso ha ejercido fuertes presiones para atacar a homosexuales y travesti.
En Brasil, todas las conquistas de derechos de la población LGTBI (como el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales) se deben a decisiones judiciales, y no a ninguna ley salida del Parlamento.
Por el respeto y la igualdad
Las personas de la comunidad LGBT emprenden una ardua lucha por el respeto de sus derechos. La idea es que sean tratados como cualquier ser humano y no sufrir por señalamientos e imposiciones.
En este sentido, es alarmante la cifra aportada por las Naciones Unidas contra las drogas y el delito que señala que más de 50 % de jóvenes LGBT son presionados para ir a terapias conversivas por parte de sus madres y padres, con la finalidad de cambiar su orientación sexual.
Sin embargo, existen avances en su lucha por la inclusión y la igualdad. El pasado miércoles 12 de junio, la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el reconocimiento de los derechos conyugales de las parejas del mismo sexo.
Con esta desición, la nación sudamericana se suma a países como Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, México y Chile que por distintas vías, amplían los derechos de esta población desfavorecida jurídicamente.
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