Una investigación periodística, publicada este martes, demostró que al menos 187 personas fallecieron o recibieron lesiones severas con armas no letales en el marco de protestas en países de América Latina desde 2017 a 2021. Además, se registraron 16 víctimas de casos en contextos que no eran manifestaciones.
La investigación titulada «El negocio de la Represión» fue elaborada por once medios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip).
El periodo más violento fue 2019, con 122 víctimas registradas en el año de las protestas en Bolivia por la crisis política que terminó en el golpe de Estado en contra de Evo Morales; el estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera en Chile y las manifestaciones lideradas por indígenas y campesinos en Ecuador por el aumento del combustible en el gobierno de Lenín Moreno.
El gobierno de Piñera es el que más muertes y lesiones graves con este tipo de armamento ha registrado en protestas, con 99 heridos y un muerto solo entre 2019 y 2020, expresa el informe.
En segundo lugar, le sigue Colombia, con un caso en 2019 y 39 durante el Paro Nacional de 2021, mientras que el gobierno de Moreno se posiciona tercero con 26 víctimas en 2019. El resto de los países que formaron parte de la investigación periodística que reportaron una menor cantidad de casos fueron: Venezuela (9), Brasil (7), Bolivia(4 heridos y un muerto) Guatemala (2) y México (1).
Las armas no letales que causaron más heridas graves fueron los balines o perdigones (53%) y los gases lacrimógenos (25%), mientras que las armas no registradas representan un 5% del total de lesionados. En cuanto a los muertos, el 28% fue atacado con gas lacrimógeno, una cifra similar a los fallecidos por armas no registradas.
Gastos en armas
En cinco años, los países pagaron casi 123 millones de dólares por armas no letales y equipos antimotines. En el caso de Chile, el gasto pasó de 360 mil dólares en 2018 a nueve millones en 2019 y seis millones en el 2020.
Un aumento similar se registró en Colombia, que en 2018 gastó 1,4 millones de dólares y en 2019 esta cifra fue de 11 millones. Al año siguiente, el gasto volvió a un millón, pero se incrementó en 2021 a ocho millones.
En el caso de Guatemala, tras la asunción del actual presidente Alejandro Giammattei en enero de 2020, la compra de este tipo de armas se multiplicó 142 veces. Mientras que en 2018 y 2019 se adquirió armamento por 17 mil y 38 mil dólares respectivamente, en 2020 se gastó 2,5 millones y 2,9 millones el año pasado.
Los principales proveedores de armamento son la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais y las estadounidenses Combined Systems, NonLethal Technologies y Defense Technologies.
El informe menciona a la empresa China North Industry Corp (Norinco), aunque admite que no se conoce información oficial sobre sus negocios que, según apunta la investigación, se desarrollarían principalmente en Venezuela.
Solo la empresa de origen brasileño, exportó un total de 8,8 millones de dólares a 12 países latinoamericanos a partir de 2018 en ventas de “equipos de seguridad y orden público”. Asimismo, Condor comercializa con modelos de armas no letales vendidas en Brasil y en el extranjero que fallaron las pruebas técnicas de la Policía Militar de San Pablo, según reportes oficiales. Cuestionados por los periodistas, la empresa argumentó que no vende armas defectuosas y explicó que personaliza sus productos a solicitudes de los gobiernos.
Por último, se registraron irregularidades en las empresas que actúan como intermediarias entre los gobiernos y los fabricantes. Este es el caso de una empresa que ofrece implantes auditivos en Chile y que vendió gas pimienta por 400 mil dólares.
Además, destacan el caso de la empresa de seguridad argentina Automation Systems, quién ganó 31 contratos del Estado a pesar de ser propiedad de un militar condenado en 2020 por ser jefe de una asociación ilícita acusada de torturas, secuestros y asesinatos en la dictadura.
Préstamo de municiones no letales
El informe contiene un capítulo llamado “Armas no letales para un gobierno boliviano en dificultades” y añade que en el marco de las manifestaciones que vivió Bolivia en el 2019 durante la crisis política, los jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas se encontraban “preocupados” ante el desabastecimiento de armas no letales para de detener las protestas, ya que el país no fabrica armas ni municiones químicas y, por lo tanto, tuvo que pedir ayuda a otros países.
El 13 de noviembre, el gobierno de Mauricio Macri envió armamento a su país vecino. En una carta de agradecimiento, dirigida a la Embajada Argentina en La Paz, el general Jorge Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana detalló haber recibido 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas HC.
Por otro lado, el 15 de noviembre, la ministra de gobierno de Ecuador de ese entonces, María Paula Romo, recibe la llamada y un oficio del ministro de defensa boliviano, Luis Fernando López Julio, en el cual le pide ayuda ante “la emergencia en que se encuentra su país” porque “no alcanzan las municiones para detener el avance de las manifestaciones”.
El gobierno de Moreno accede a la petición del ministro boliviano. Al revés de lo que sucedería con el gobierno de Macri, donde el acuerdo incluiría un envío puerta a puerta, detalla el informe periodístico.
A un día de la llamada, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana aterriza en Quito para retirar 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Todas municiones fabricadas por la ecuatoriana Santa Bárbara EP y la brasileña Condor. La firma del documento que tiene el cargamento recibido nombra al general Fernando Correa Gordillo, director de logística de la Policía de Ecuador.
Bolivia no fue el único país de América Latina que pidió municiones no letales para reprimir protestas en 2019, detalla el informe.
“En octubre de 2019, cuando Ecuador enfrentaba un paro que había dejado seis muertos y decenas de heridos, Colombia y Perú acudieron a su auxilio. La confirmación de estos préstamos, que no habían sido revelados antes, aparece en tres documentos oficiales del gobierno y la policía de Ecuador y también en uno del gobierno de Bolivia”, añade.
Fuente Agencia Regional de Noticias
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