A la voluntad que el mandatario mexicano, Manuel López Obrador, ha expresado «se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura», sostuvo el representante de Bachelet.
Las autoridades mexicanas deben aplicar la Ley General Contra la Tortura y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, dijo este miércoles la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en el día internacional contra ese tormento.
«Sin embargo, dichos instrumentos normativos continúan sin ser efectivamente aplicados, lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al Estado de derecho y al sistema de justicia» en el país latinoamericano, dijo la oficina permanente.
Como ya lo había descrito Bachelet al término de su visita a México, en abril pasado, las autoridades mexicanas «deben laborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura», que según las investigaciones es un problema «crónico y generalizado», explicó la oficina permanente de Acnudh que encabeza Jan Jarab.
A la voluntad que el mandatario mexicano, Manuel López Obrador, ha expresado «se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura», sostuvo el representante de Bachelet.
Jarab considera que el nuevo Gobierno de AMLO «tiene la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia».
La persistencia de los malos tratos y penas degradantes perpetrados por autoridades «ha motivado serias preocupaciones por parte de organismos de derechos humanos y es fuente de consternación social cuando se evidencia su comisión», dice la oficina permanente de Acnudh en la fecha internacional.
Entre las principales obligaciones del Estado mexicano contra la tortura, Jarab menciona «el deber de emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica».
Para cumplir con sus obligaciones considera urgente crear las fiscalías o las unidades de investigación especializadas que la Ley General obliga a crear, y no se han hecho.
Jarab señala que esas unidades deben estar «dotadas de los recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos», de estas prácticas «deplorables».
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a atender las 98 recomendaciones recientemente formuladas en mayo pasado, por el Comité contra la Tortura de la ONU.
El uso de la tortura parece «endémico» en este país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016, la más reciente de su tipo, basada en entrevistas con 64.150 presos en 338 cárceles mexicanas.
Un 64 por ciento de los reclusos dijo haber sufrido violencia física durante el arresto, 35 por ciento denunció haber sido sometido a la asfixia simulada, a 52 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28 dieron información de amenazas contra sus familiares más cercanos.
Te puede interesar
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
